Manifiesto de la Cumbre Social: Por una verdadera recuperación del empleo y los derechos sociales

 Manifiesto de la Cumbre Social: Por una verdadera recuperación del empleo y los derechos sociales
Manifiesto de la Cumbre Social: Por una verdadera recuperación del empleo y los derechos sociales
Pese a los cantos de sirena que, desde el entorno del Gobierno de España, insisten en anunciarnos la salida de la crisis económica y la superación de las numerosas dificultades vividas a los largo de los últimos seis años, la realidad social y laboral que nos rodea demuestra que la crisis sigue golpeando cada vez con más virulencia a las trabajadoras y trabajadores y en general al conjunto de la ciudadanía de Castilla y León. 

Esta Comunidad continúa inmersa en una situación de crisis económica y social sin precedentes, en la que el desempleo bate récords históricos, con 250.800 personas en dicha situación, según la última EPA publicada, de los que 114.890 carecen de prestación alguna y donde cerca de 100.000 familias tienen a todos sus miembros en paro.

Este año el Día de Villalar, fiesta de Castilla y León, viene marcado por la convocatoria de las Elecciones Europeas del domingo 25 de mayo, un momento de especial trascendencia, a juicio de la Cumbre Social de Castilla y León, para exigir a los Gobiernos de España y de Castilla y León y a las formaciones políticas que concurrirán a la cita electoral un cambio de rumbo de las políticas europeas y nacionales. 

No sé puede seguir así. Las políticas de austeridad y recortes dictadas por la “troika comunitaria” (FMI, BCE y Comisión Europea), obsesionada con el control dogmático del déficit, no han hecho más que incrementar el paro, la pobreza, la exclusión social y las desigualdades entre países y regiones. Se ha producido un severo retroceso en las políticas públicas en un contexto de progresivo desmantelamiento del Estado del Bienestar y de eliminación de derechos sociales, laborales y civiles, cediéndose, asimismo, importantes espacios de la democracia a la acción de instituciones y organismos no democráticos.

Las estadísticas señalan que el 21% de la población de Castilla y León, es decir, uno de cada cinco ciudadanos o ciudadanas de nuestra Comunidad, viven por debajo del umbral de la pobreza. Una situación que no es un mero dato estadístico sino que es algo con lo que se convive a diario y de la que forman parte personas desahuciadas de sus hogares a las que se priva del derecho a una vivienda digna, abocándolas en muchos casos a la indigencia.  Nuestra Comunidad debe progresar hacia una mayor estabilidad y calidad en el empleo, hacia la seguridad y hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Es fundamental asegurar unas condiciones de trabajo dignas y salarios justos y garantizarse el derecho a la negociación colectiva para todos los trabajadores y trabajadoras. 

En las sucesivas movilizaciones y huelgas generales de los últimos años, buena parte de ellas convocadas o apoyadas por la Cumbre Social, se han venido exigiendo otras políticas económicas y sociales orientadas a reactivar la economía, crear empleo y avanzar hacia otro modelo productivo. Por ello, las organizaciones que conformamos la Cumbre Social de Castilla y León, en una fecha tan simbólica y reivindicativa como es la conmemoración del 23 de abril, Día de Villalar, decimos alto y claro que no vamos a permitir que se siga desmantelando el Estado Social.

La lucha contra la despoblación debe ser un objetivo común e irrenunciable de Castilla y León. En una Comunidad tan extensa como la nuestra, caracterizada por una baja densidad de población, con una parte importante de la misma envejecida y diseminada en multitud de núcleos de población muy dispersos y alejados de las ciudades, en los que la actividad productiva y los servicios son cada vez más escasos, la situación de vulnerabilidad, de la población en general y especialmente de las minorías, se agrava.

Las leyes referidas a la Administración Local, recientemente aprobadas por el Estado y por la Comunidad Autónoma, lejos de dar respuestas a los graves problemas aquí esbozados, suponen un ataque a principios democráticos como el de la autonomía local, alejan a la ciudadanía de la gestión de los servicios públicos abriendo la puerta a su privatización y posibilitan la despatrimonialización de más del 30% de nuestro territorio, abriendo el camino para el traspaso de la gestión e incluso en ciertos supuestos, la propiedad de montes, aguas, cotos de caza, prados, etc. a manos de entes supramunicipales. 

La mala situación económica a que hemos de hacer frente como país y como Comunidad se ve agravada por decisiones políticas que suponen un ataque al ya menguado Estado del bienestar de nuestro medio rural, con continuas amenazas de reducciones o cierres en servicios públicos de primer orden, como ha sido el caso de los puntos de atención sanitaria continuada o los ciclos educativos obligatorios.

Las políticas para fijar, integrar, aumentar y atraer población deben estar coordinadas con las políticas de ordenación del territorio. Es imprescindible, por lo tanto, que el desarrollo de la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León garantice realmente la prestación de servicios públicos esenciales como la Sanidad, la educación y los servicios sociales en el medio rural con más recursos, al tiempo que se corrigen las desigualdades de desarrollo entre territorios, rejuvenecer nuestros pueblos y mejorar la calidad de vida de las mujeres y los hombres de Castilla y León, en condiciones de igualdad y con independencia del lugar en el que residan. 

En este sentido, las Administraciones tienen la obligación de apoyar a nuestro medio rural, para ello los hombres y las mujeres que trabajan directa y personalmente en el campo y viven de esta actividad, y que conforman el modelo social agrario mayoritario de nuestra Comunidad son fundamentales para su desarrollo. Los apoyos públicos deben realizarse bajo criterios que garanticen la producción de alimentos sanos y la sostenibilidad del medio ambiente. Al tiempo, son necesarias medidas de regulación y control de los mercados del sector agrario para evitar la volatilidad de los precios y garantizar la viabilidad de las explotaciones 

Todos estos motivos justifican que las organizaciones que formamos parte de la CUMBRE SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN unamos nuestras voces para recordar a toda la ciudadanía que la fecha del 23 de abril, DÍA DE VILLALAR, siempre ha sido un símbolo de las reivindicaciones y de la lucha por la libertad y los derechos sociales de nuestra tierra. 

Al igual que hiciéramos el año pasado, y tal y como hemos venido haciendo en los numerosos actos reivindicativos que se han convocado y apoyado en los casi dos años de vida de la Cumbre Social, en la necesidad de mantener una movilización social sostenida en el tiempo frente a las políticas que nos empobrecen como país y como Comunidad, invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León a acudir el miércoles 23 de abril a la Campa de Villalar de los Comuneros, como espacio histórico y democrático de reivindicación para exigir a nuestros gobernantes que ninguna persona quede abandonada a su suerte en nuestra tierra, ya que es una responsabilidad de las Administraciones Publicas su protección.

Hay muchos motivos para seguir reclamando una salida justa a la crisis, pero hay dos razones que nos unen por encima de todo: que ni nos resignamos a aceptar callados más recortes sociales, laborales o económicos, ni estamos dispuestos a aceptar esa idea que se nos quiere inculcar de que nuestros hijos estén condenados a vivir peor que sus padres.

Por una verdadera recuperación del empleo, de los derechos sociales y del Estado del Bienestar.

¡El 23 de abril, nos veremos en Villalar! 

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