Durante la concentración han lamentado que las decisiones del Gobierno reducen los presupuestos destinados a políticas de igualdad, a la Ley de Autonomía Personal, amenazan con el recorte de derechos sexuales y reproductivos, y rompen los acuerdos con las organizaciones de mujeres mediante los que se venían prestando servicios tales como Centros de Orientación a la Mujer, Asesoría Jurídica, Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia, etcétera.
 
También aseguran que eliminan las subvenciones destinadas a los Ayuntamientos para el mantenimiento de los programas municipales de atención y promoción de las mujeres, desmantelan los Institutos de la Mujer, utilizando su estructura para promover estereotipos sexistas patriarcales y modelos de familia tradicionales, y finalmente incumplen las leyes de igualdad en cuanto al uso del lenguaje no sexista y a la obligación de los poderes públicos de integrar la igualdad real de mujeres y hombres en todas sus políticas.

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