La nueva Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) también conlleva novedades en lo que se refiere a las normas de organización, funcionamiento y convivencia. La normativa indica que se establezcan planes de convivencia, medidas correctoras de carácter educativo y se reconoce la autoridad del profesorado, reconocida ya en la Ley de Autoridad del Profesorado (aprobada el 8 de abril en las Cortes de Castilla y León).
El profesorado dispondrá de presunción de veracidad en sus informes y declaraciones en caso de versiones contradictorias en un litigio derivado de su función docente. Asimismo, y como consecuencia directa del reconocimiento como autoridad pública, en el supuesto de que el profesorado sea víctima de agresiones o intimidaciones graves derivadas de su tarea docente, estas podrán ser calificadas como delitos de atentado a la autoridad, lo que significa un endurecimiento en las penas de los autores.
La ley reconoce la autoridad del profesorado y fomenta la consideración y el respeto que merecen en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, con el fin de procurar el adecuado clima de convivencia en los centros educativos de Castilla y León y garantizar el derecho a la educación del alumnado. Una consecuencia directa del reconocimiento de autoridad pública, en el ámbito penal, es que las agresiones o intimidaciones graves al profesorado deber ser calificadas como “delitos de atentado a la autoridad” (art. 550 del Código Penal), castigados con penas de 2 a 4 años de prisión y multas de 3 a 6 meses.
El Plan de Convivencia Escolar de Castilla y León incluye, además, otras innovadoras aportaciones como la figura del coordinador de convivencia de centro –existente en todos los centros públicos de Castilla y León y en la práctica totalidad de los centros privados concertados-, como persona especialmente encargada de impulsar el plan de convivencia y el buen clima en las aulas, así como la creación, mediante un intenso programa formativo, del alumnado ayudante y mediador en caso de conflictos.
Además de estas actuaciones, es preciso destacar la publicación, en 2007, del Decreto por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los centros, que ya en su exposición de motivos incluye el refuerzo de la autoridad del profesorado como uno de sus ejes.
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