Entre los aspectos a abordar está la propia memoria económica que acompaña a la ley, pues afecta directamente a los docentes, así como el incremento del horario lectivo de profesores, la compactación de asignaturas en Bachillerato, la especialización curricular de centros y la reducción de modalidades, la atribución de competencias a la función directiva, entre otras. Igualmente se pide que se negocie cuanto antes el Estatuto Público Docente con el fin de establecer el marco donde se regulen las condiciones laborales y profesionales del profesorado: acceso, movilidad, carrera profesional, ley de autoridad docente, o la jubilación.