El Programa Nacional de Reformas enviado por el Gobierno a la Unión Europea plantea la posibilidad de crear un registro público de inquilinos morosos para fortalecer las garantías jurídicas de los propietarios de viviendas en alquiler y potenciar el arrendamiento. De esta forma, se estudia una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Actualmente, a partir del primer año, el inquilino tiene derecho a cuatro prórrogas hasta un máximo de cinco años. Pero hay quienes se aprovechan de la ley para entrar en una espiral de morosidad que dificulta incluso poner en marcha un desahucio exprés. De ahí que se busquen nuevas fórmulas para evitar estas prácticas.

Además, el Gobierno fomentará el alquiler de las viviendas vacías a través de medidas fiscales, como incentivar al propietario con bonificaciones a las rentas de alquiler. Asimismo, el informe propone una reformulación del sistema de valoraciones y una búsqueda de mecanismos para la homogenización del valor del suelo, de forma que no persistan los tres valores diferenciados actuales (fiscal-catastral, expropiatorio y financiero-hipotecario).

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