Ante estos resultados, denunciaron ante la Fiscalía del Tribunal Supremo (Sección de lo Civil) y ante el Ministerio de Justicia para pedir que se devolviese a los consumidores las cantidades cobradas de más. Debido a la gravedad de los hechos denunciados, en noviembre de 2011 el Gobierno aprobó un Real Decreto que modificaba los aranceles de notarios y registradores para la cancelación de hipotecas. Este decreto pretendía aclarar una rebaja en las tarifas legislada en 2007, pero el Consejo General del Notariado intentó impedir la aplicación de la rebaja arancelaria recurriendo ante el Tribunal Supremo.
Ahora la sala tercera del Supremo ha desestimado el recurso. Además, en su sentencia, con fecha de 10 de octubre, el Supremo ratifica la interpretación de la Ley 41/2007 y, por lo tanto, avala el estudio de la OCU y sus conclusiones: notarios y registradores han estado cobrando de más a los consumidores. “Una vez más, no podemos quedarnos de brazos cruzados y pedimos al Ministerio de Justicia y a la Dirección General de los Registros y del Notariado que se dirijan a notarios y registradores para revisar de oficio todas las facturas relacionadas con cancelaciones hipotecarias desde diciembre de 2007. Una vez revisadas, tendrán que devolver a los clientes todas aquellas cantidades cobradas de más”, explica la organización.
Y recuerda que en mayo de 2012 el Gobierno “cedió a la presión de notarios y registradores, subiendo los aranceles para novación, subrogación y cancelación de hipotecas. Ahora los consumidores tienen que pagar el triple de lo que se pagaba antes. Por desgracia, esta reforma deja sin efecto la sentencia del Supremo para las operaciones realizadas desde el 12 de mayo de 2012”.
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