El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, que ha comparecido en el Congreso de los Diputados para explicar los Presupuestos Generales del Estado para 2016, ha anunciado en nuevo programa ofrecerá orientación laboral a parados de 30 a 55 años. Así, se contempla una partida de 129 millones de euros para el que se ha denominado Programa de Atención a Desempleados de Larga Duración.

Se iniciará en 2016 y finalizará en 2018. La regulación del nuevo Programa será completada en el marco del diálogo social y de la Conferencia Sectorial de Empleo y asuntos Laborales con las comunidades autónomas y deberá ser recogida en la Orden de distribución de fondos del año 2016 y en el Plan Anual de Empleo de 2016.

Aunque los registros laborales y la Encuesta de Población Activa indican que el número total de parados desciende de forma ininterrumpida desde finales de 2013, el volumen de desempleo de larga duración sigue siendo muy elevado y cada vez más preocupante.

Es por ello que la reincorporación de los parados de larga duración al mercado de trabajo supone un verdadero reto para los servicios públicos de empleo, así como para cualquier empresa de intermediación laboral. La probabilidad de que un parado de larga duración encuentre un empleo es de un 6%, muy inferior a la del que lleva menos de un año en esa situación (26%).

El aumento de las transiciones del desempleo a la ocupación se está concentrando en los parados de corta duración y no así en los que llevan más tiempo en esta situación, no siendo partícipes de la incipiente mejora del entorno económico. Hace un año, la probabilidad de encontrar un empleo llevando desempleado menos de doce meses era del 19%, seis puntos porcentuales más baja que la de la actualidad, mientras que la de un desempleado de larga duración era similar al nivel en el que se encuentra a día de hoy.

Los parados con escasa experiencia laboral y los que cuentan con más de 55 años son los colectivos con menor probabilidad de éxito en su búsqueda de empleo, lo cual guarda relación, en el primer caso, con su elevada tasa de paro, y en el segundo caso, con el riesgo de desprotección previo a su jubilación.

 

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