El Ministerio de Sanidad ha hecho públicos los datos correspondientes a 2010 sobre interrupciones voluntarias de embarazo, primer año de la entrada en vigor de la nueva legislación, mostrando que el número de abortos se incrementó en la provincia de Salamanca. No obstante, se redujeron entre las jóvenes de 15 a 19 años, periodo de edad que venía registrando una tendencia al alza durante el último lustro.
Así se desprende de los datos oficiales del Gobierno, pues se pasó de 359 en el año 2003 hasta los 229 en 2007, en 2008 fueron 237, pero en 2009 bajaron a 200, mientras que en 2010 han subido a 215. Por tramos de edad, las interrupciones voluntarias de embarazo disminuyeron entre los 15 y los 19 años, al pasar de 52 a 41. Incluso se llegaron a practicar dos interrrupciones voluntarias del embarazo a niñas menores de quince años.
A tenor de todos los datos recogidos por el Ministerio de Sanidad, se puede establecer un perfil de la salmantina que aborta, una mujer soltera de entre 20 y 24 años con estudios de primer grado, sin hijos y sin haberse sometido a ningún aborto previo, sin utilización de un Centro de Planificación Familiar y con un feto de ocho o menos semanas de gestación.
Nueva ley del aborto
El proyecto de Real Decreto para desarrollar la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo contempla que, en una situación libre de coacciones familiares, la joven de 16 ó 17 años que quiera abortar, siempre antes de la semana catorce de embarazo, tiene la obligación de informar a sus padres de la decisión.
Para demostrar que sus padres o tutores están al corriente, la menor podrá acudir a la clínica acompañada por sus padres o bien, presentar, según explicó la ministra, "una carta o prueba escrita de consentimiento", acompañado de una copia del DNI de su progenitor o tutor, "una fórmula legal utilizada para acreditar un consentimiento en cualquier acto jurídico".
Sobre los procedimientos para preservar la identidad de las mujeres, este reglamento precisa que todas las mujeres que quieran abortar recibirán, en la clínica acreditada pública o privada donde decida someterse a la intervención, "un sobre cerrado elaborado por el órgano competente de la comunidad autónoma donde vaya a practicarse la intervención". Este sobre contendrá, entre otras informaciones, las ayudas públicas disponibles para las mujeres embarazadas y datos sobre los centros de información sobre anticoncepción y asesoramiento tras un aborto.
El sobre será entregado personalmente a la gestante y los registros de los sobres entregados que lleven, en su caso, los órganos administrativos o los centros acreditados no podrán recoger datos personales. Dice el texto que las restantes características físicas del sobre, como la forma de identificar a la paciente, "serán determinadas por las comunidades autónomas". Según este documento, "a fin de garantizar la confidencialidad e intimidad de la mujer gestante, los registros de los sobres entregados que lleven, en su caso, los órganos administrativos o los centros sanitarios públicos o privados acreditados no podrán recoger datos personales".
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