"A los pacientes se les va a seguir atendiendo igual"

Desde septiembre, los inmigrantes y las personas que no tengan sus papeles en regla tendrán que pagar una cuota anual por los servicios médicos que requieran. En concreto, deberán abonar 710 euros para poder adquirir la tarjeta médica. El precio, que supera el de algunos seguros privados, ha suscitado multitud de opiniones entre la gente de a pie, pero también entre el personal sanitario. Dentro de la gente que se deberá acoger a esta medida no están incluidas las mujeres embarazadas, los casos más urgentes, aquellas personas que estén afectadas por enfermedades crónicas y los menores de edad.

Por su parte, el sindicato de Funcionarios Públicos Manos Limpias y ‘Salus Mundi’ ha afirmado que no habrá problema a la hora de atender a estos pacientes. Sin embargo, esto no significa que el personal esté al tanto de la medida o de la decisión de los sindicatos, por lo que SALAMANCA24HORAS ha salido a preguntarles cómo creen que esta medida podrá afectar al funcionamiento del hospital a partir de ahora.

El personal administrativo encargado de efectuar los ingresos de los pacientes y de controlar las bases de datos hospitalarias dicen “no haber recibido ninguna nueva notificación, por lo que se va a seguir atendiendo como se ha hecho toda la vida”. Por otro lado, los facultativos a cargo de las ambulancias están convencidos de esa decisión, y la apoyan con un rotundo “No se va a cobrar nada”. En cambio, ante la pregunta de quién será la entidad o persona que asumirá los gastos correspondientes a estas consultas médicas, el personal comienza a dudar: “No está claro, eso será cosa de cada hospital… lo único que es seguro es que valdrá más la facturación que el propio gasto de la consulta, así que quizás ni siquiera se facture”.

Parece ser que la medida implantada por el Gobierno, a la hora de la verdad, no será tan efectiva como pudiera parecerlo en un principio; al menos, por parte de los médicos que están ejerciendo en la actualidad.