La Federación Regional de Castilla y León de Asociaciones de Estaciones de Servicio (Fereclaes) y la Agrupación de Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustibles de Castilla y León (Avecal) denunciaron que la aplicación del ‘cén-timo’ sanitario por parte de la Junta en Castilla y León implicará pérdida de 2.000 empleos directos en la Comunidad, así como de competitividad y la deslocalización de empresas. Además, a tenor de un estudio que maneja la patronal del sector, la Junta no va a lograr “en ningún caso” con la implantación de este impuesto recaudar 140 millones para financiar la sanidad, ya que supondrá una automática disminución de las ventas en beneficio de las comunidades limítrofes.
Para Fereclaes y Avecal, esta tasa, provocará además, pérdida de competitividad y deslocalización de las empresas de la región ante un nuevo “escenario” donde los empresarios de la región no competirán en las mismas condiciones con respecto a los de Cantabria, País Vasco, La Rioja y Navarra. “La subida de los 0,048 euros pro litro no va conseguir su objetivo recaudatorio, y sí va a originar un gran problema social que se traducirá en pérdida de tejido empresarial, aumento del paro y menor recaudación del IRPF. En Castilla y León hay en la actualidad unas 800 gasolineras, si esta medida prosigue en los mismos términos, entre las estaciones que cerrarán y las que malvivirán se estima que se perderán unos 2.000 empleos directos”, insistieron.
Los dos colectivos consideran que la nueva tarifa autonómica constituye “una carga desproporcionada para consumidores, transportistas, ciudadanos y agricultores que por la crisis viven en una economía familiar muy ajustada”. Además, añadieron, esta tasa, en un repostaje de 60 litros, representará un encarecimiento neto en el precio de las gasolinas y gasóleos de tres euros más el 18 por ciento de IVA, “unas 480 de las antiguas pesetas más el 18 por ciento de IVA”.
Finalmente, denunciaron la “inseguridad jurídica de la recaudación pretendida por la Junta por la ilegalidad del impuesto” Así, indican que la Comunidad Europea notificó formalmente a España que el Impuesto Especial sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, no se atiene a la Legislación Comunitaria, Dictamen de la Comisión ES 2002/2315. “La Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 26.01.2010, asunto C-118/08, abre el camino a la solicitud de devolución de los impuestos indebidamente abonados y los intereses de demora correspondientes, al infringir España el Derecho Comunitario”.