Más de cien mil salmantinos están pendientes durante las últimas semanas de los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno debía entregar antes de este fin de semana sus previsiones para el año 2017, sin que por el momento se haya planteado qué ocurrirá el próximo año con el salario de los empleados públicos y con las pensiones, pues no se han aprobado los presupuestos. El futuro de ambos colectivos depende de si se constituye el nuevo Gobierno.
Si antes del 31 de octubre no hay Ejecutivo, las terceras elecciones generales en menos de un año obligarán a mantener congelados el salario de los empleados públicos y las pensiones. Pero si, como todo apunta, hay nuevo Gobierno, entonces pues aprobar por Real Decreto medidas que considere de urgente necesidad porque los presupuestos de 2016 han sido prorrogados. Así lo hizo ya el PSOE en 1982, 1989 y 1995.
Según los últimos datos del Ministerio de Administraciones Públicas, en la provincia de Salamanca hay 23.077 empleados públicos. En concreto, hay 4.890 trabajadores que dependen del Gobierno, 10.867 al servicio de la Junta de Castilla y León, 4.394 para los ayuntamientos y 2.928 en la Universidad de Salamanca. Además, hay más de 79.000 pensionistas, más de la mitad por jubilación, pero también por viudedad, horfandad y discapacidad.
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