El Real-Decreto Ley publicado en el Boletín Oficial del Estado endurece las condiciones de acceso a la sanidad pública de los inmigrantes ilegales, y lo hace amparándose en la mala situación económica del sistema sanitario español. El Gobierno defiende que esta es la única manera de garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Por ello no esperará a la caducidad de las tarjetas sanitarias de los extranjeros y ha anunciado que antes del 31 de agosto todos los inmigrantes en situación irregular deberán estar dados de alta en la Seguridad Social, es decir, tendrán que haber formalizado su situación al estatus legal. El resto de extranjeros también verá aumentado el nivel de exigencia y se les requerirán más papeles, incluidos los de la Unión Europea.
El copago en ciertas prestaciones que no forman parte de la cartera básica del sistema es otro de los temas en los que se centra la nueva ley. De esta manera, los usuarios de la Sanidad pública tendrán que pagar parte de las prótesis, los productos dietéticos e incluso el transporte sanitario no urgente, al ser consideradas como servicios accesorios y por lo tanto sujetos a cierta aportación por parte de los usuarios. Para garantizar el correcto funcionamiento de esta nueva medida el Ministerio de Sanidad establecerá un sistema de fijación de precios y anuncia que el porcentaje de aportación del usuario se regirá por las mismas normas que regulan la prestación farmacéutica. El Real Decreto ley 16/2012 de abril recoge también, entre otras, las siguientes medidas urgentes:
Se fijan las condiciones que establecen el aseguramiento universal de los ciudadanos españoles, que siguen vinculadas a la Seguridad Social, lo que supone ser trabajador o pensionista, cobrar algún subsidio, haber agotado la prestación por desempleo y estar anotado en las listas del paro, ser cónyuge o hijo hasta los 26 años o no llegar a un nivel máximo de ingresos. La reforma deja fuera a las personas que aún teniendo ingresos y pagando sus impuestos no hayan cotizado nunca y deja en el aire la situación de los jóvenes que superen los 26 años. También se limitan los beneficios a cónyuge, ex cónyuge e hijos.
La atención sanitaria a los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en el país queda limitada a la atención de urgencias (hasta que se produzca el alta) y a la asistencia en caso de embarazo, parto y postparto. Los menores de edad serán tratados como si de españoles se tratase. Para poder tener la residencia, a los extranjeros procedentes de algún estado miembro de la Unión Europea o de los países que participen en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se les exigirá estar estudiando, trabajando o tener un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en España para sí mismo y para los miembros de su familia, de manera que no supongan una carga para la asistencia social española durante su periodo de estancia en el país.
Copago farmacéutico
El sistema de copago farmacéutico se aplicará en función de la renta del titular de la tarjeta. La Seguridad Social será la encargada de indicar a los servicios sanitarios el nivel de aportación de cada persona, aunque sin especificar la cantidad exacta. Se establecerán varios niveles para los activos (exento, 40%, 50% y 60%) y algo similar sucederá con los pensionistas (exento, 10% con un máximo de 8 euros, 10% con un máximo de 18 euros y 10% con un máximo de 60 euros).
La nueva ley permitirá dispensar medicamentos de los grandes laboratorios siempre y cuando se respete el principio de mayor eficiencia para el sistema. Si coinciden medicamentos en la lista de los que requieren receta y de los que no, estos últimos dejarán de financiarse, hecho que seguramente afectará a los fármacos para síntomas menores, así como a los laxantes, antivirales tópicos, mucolíticos, antidiarreicos, lágrimas artificiales y antimicóticos dermatológicos.