Los proveedores podrán presentar en papel las facturas de hasta 5.000 euros

 Servicio de información telemática sobre pagos tramitados para faciliar a las empresas el mejor control de su facturación
Servicio de información telemática sobre pagos tramitados para faciliar a las empresas el mejor control de su facturación

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado permitir a sus proveedores la presentación en papel de las facturas de hasta 5.000 euros, medida que será efectiva a partir de la próxima semana, una vez se publique el acuerdo en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). El objetivo es que las empresas, en especial las de menor tamaño y los autónomos, puedan tramitar sus documentos de cobro de manera sencilla.

La gran mayoría de los proveedores de las administraciones están obligados a facturar electrónicamente desde el pasado 15 de enero, fecha en que entró en vigor lo establecido por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público. Esta misma regulación permite a las comunidades autónomas que, en el ejercicio de sus competencias, puedan hacer excepciones cuando el importe sea igual o inferior a 5.000 euros.

La Junta ha decidido hacer uso de esta posibilidad para facilitar los trámites a aquellas empresas o autónomos que contratan obras o servicios con la Administración de Castilla y León, pero carecen de los medios o la formación necesaria para elaborar facturas en ese formato. En virtud del cambio normativo acordado esta mañana todos los proveedores, sea cual sea su forma jurídica, estarán exentos de la obligación de presentar documentos al cobro de hasta 5.000 euros de manera electrónica. Con ello se les concede un margen de tiempo adicional para adaptarse a esta tecnología, de modo que puedan usarla en un futuro próximo y beneficiarse de sus ventajas. Entre ellas destaca, en primer lugar, un relevante ahorro de tiempo y dinero asociado a la facilidad en la gestión. Junto a esto, permite a los interesados acceder al estado de tramitación del expediente y asegura una mayor agilidad administrativa, que redunda en la disminución de los plazos de pago.

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