El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en materia de universidades en las Cortes autonómicas, Fernando Pablos, y el secretario de Educación de la ejecutiva socialista autonómica, Enrique Cabero, han denunciado las repercusiones negativas de las reformas educativas del Gobierno, respaldadas por la Junta de Castilla y León. "El PP gobierna a golpe de imposición, catorce decretos ley ya este año, llevamos unos cuantos meses en que hay un empeño en criminalizar a la Universidad, hasta aseguran algunos cargos que es una gran fiesta del cannabis, calificando a los profesores de inútiles y a los estudiantes de vagos", manifestó Pablos. A lo que Cabero añadió que el Real Decreto es "desastroso y perjudicial para el sistema educativo".

Pablos, quien recordó que los datos de la OCDE sitúan a España por encima de la media en éxito educativo, denuncia el 'tasazo' de hasta el 60%. Así, la primera matrícula universitaria subirá un 30 por ciento "cuando Castilla y León tiene ya las tasas mása altas de España". Esto, unido a la reducción de becas, "por mucho que se quieran crear fondos de solidaridad, va a provocar que muchas familias no puedan llevar a sus hijos a la educación sanitaria".

El dirigente socialista recordó que todavía está pendiente la prórroga de los presupuestos de 2011, que establece limitaciones a la contratación de profesores asociados. "Si no se puede hacer, habrá que cerrar las facultades de Medicina". Y sin planes de promoción, continuó, "habremos perdido una generación de profesores ayudantes, es muy preocupante el ataque a la Universidad".

Por su parte, Cabero alerta de perspectivas negativas en la Universidad por la reducción de la financiación, que incidirá en un recorte de las plantillas, pero también de hasta 600 profesores interinos en Primaria y Secundaria. Por lo tanto, habrá más paro en Salamanca, pero también menos ingresos al venir menos universitarios por subir las tasas, lo que también repercutirá en la hostelería y el comercio. Todo ello se resume en menos riqueza y más despoblación para la provincia charra. "No hay alternativas, sólo se busca dificultar el acceso a la educación", concluyó Cabero.

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