El portavoz socialista de Cultura y Turismo en las Cortes autonómicas, José Ignacio Martín Benito, ha reprochado a la Junta de Castilla y León “el fracaso de su política de promoción turística” ante los últimos datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera correspondiente al mes de noviembre pasado. “La comunidad no acaba de encontrar un rumbo en la promoción turística”, afirma el procurador, que señala que ante una coyuntura alcista nacional, donde las pernoctaciones crecen un 1,7 %, en Castilla y León bajan un 7,37 %, situándose a 9 puntos de la media del país.

La pérdida de 34.000 pernoctaciones, respecto al mismo mes del año anterior, se traduce también en una pérdida de 243 empleos en el sector hotelero. A este respecto, Martín Benito indica que “cada vez quedan más lejos los 15.000 puestos de trabajo prometidos por la Consejera de Turismo”. Por otra parte, Castilla y León sigue ocupando el último lugar en estancia media del país (1,75), frente a la media española (2,98), siendo Ávila y Zamora las últimas provincias del país (con 1,61 y 1,52 respectivamente).

El portavoz socialista recriminó a la Junta su errática política, que en lugar de generar empleo y desarrollo en el sector turístico, lo destruye, y a este respecto criticó la decisión unilateral de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de cerrar las Casas del Parque de la comunidad, con lo que se contribuye a “estrangular la promoción y el escaparate del patrimonio natural”, sin buscar vías alternativas con los representantes del sector, ayuntamientos y grupos de acción local, señala el representante socialista.

Para Martín Benito, la Junta no está apostando por la promoción turística, ni está desarrollando el Plan Estratégico de Turismo (2009-2013). Han tenido que ser las Cortes las que insten al ejecutivo a impulsar dicho Plan, “señal que no se estaba haciendo”, indica el procurador. Por otra parte, Martín Benito apunta también al fracaso de la empresa pública SOTUR en la obtención de resultados; “no sólo no los mejora, sino que van a peor”, por lo que el procurador exige responsabilidades a los órganos de gestión, cuya presidencia ostenta la propia Consejera de Cultura y Turismo.

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