Una vez pasado el impacto de las tasas judiciales tras su derogación para los ciudadanos en febrero de 2015, se ha producido una leve disminución del 0,3% del gasto en Justicia Gratuita con respecto al ejercicio anterior, según concluye el décimo Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita en España, elaborado por Abogacía Española y Wolters Kluwer.

La presidenta del consejo, Victoria Ortega, ha destacado que la Ley de Justicia Gratuita ha sido muy positiva ?pero tras veinte años de funcionamiento necesita una mejora? ya que se necesita un ?impulso para utilizar el Expediente Electrónico de Justicia Gratuita, establecer los servicios de vigilancia penitenciaria, realizar una dotación presupuestaria suficiente para que los abogados del turno de oficio tengan un cobro digno, prestar asesoramiento a los refugiados, son todas, entre otras, las reformas necesarias?.

Además, reclama que se regule de forma actualizada el marco legal de la Justicia Gratuita, recordando que uno de los elementos fundamentales que integran el Pacto de Estado por la Justicia es la reforma del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita. Así, ha recordado que la Justicia Gratuita apenas representa el 6,5% de los presupuestos de Justicia de todo el Estado.

Entre las recomendaciones del Comité de Expertos está la petición de una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, defendiendo la propuesta para crear un turno de oficio de carácter internacional para proteger a los refugiados.

Esta práctica estabilización de costes se produce tras varios años de reducción de las inversiones en Justicia Gratuita con un descenso en cinco años del 11%. Así, existe una queja generalizada de los abogados de oficio por las escasas retribuciones que perciben, pues cada expediente supone una media de 130 euros.

 

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