Los datos hechos públicos por el Servicio de Reclamaciones del Banco de España (BdE) ponen de manifiesto para la asociación Adicae que sólo una media del 18% de las reclamaciones favorables al cliente se acepta rectificar por parte de los bancos. "Todo ello constituye una prueba más de la ineficacia del Banco de España a la hora de resolver los problemas de los consumidores bancarios, y certifica que este organismo, tras tolerar y apoyar abusos como las cláusulas suelo, productos de ahorro tóxicos o leoninas comisiones bancarias, ningunea los derechos de los consumidores", afirma.
Por entidades, estos datos resultan escandalosos si se tiene en cuenta que algunas de las más incumplidoras están intervenidas o con ayudas del Estado, como es el caso de NovaCaixaGalicia (7,1% de rectificaciones a resoluciones favorables al cliente), Liberbank (12,5%), Bankia (20,8%), Catalunya Bank (26,3%). Asimismo, estas cifras resultan vergonzosas en entidades consideradas principales, como CaixaBank (24,2%) y Santander (23,7%)
"Un año más se repite este escandaloso porcentaje de bajas rectificaciones, pero también los abusos a los consumidores bancarios por parte de las entidades que año tras año se reiteran sin que se adopten medidas tajantes y definitivas. El organismo ahora regido por Jesús María Linde, y antes por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sólo se ha preocupado en los últimos años por las cuentas de las entidades de crédito, dejando a un lado la protección de los consumidores", añade Adicae.
Asimismo, recuerda que el informe demuestra que cualquier normativa adoptada supone un paso a peor para los derechos de los consumidores bancarios. Es el caso de la Ley de Servicio de Pagos de 2009, que, a la vista del gran aumento de reclamaciones por tarjetas de crédito y otros medios de pago, se ha mostrado absolutamente ineficiente.
Por tanto, "el Servicio de Reclamaciones del Banco de España es una mera ventanilla burocrática que se ha demostrado inútil e ineficaz". Adicae exige su reforma, y la puesta en marcha de un organismo específico como exige la Unión Europea o el recientemente adoptado por los Estados Unidos para la defensa de los consumidores financieros. Una verdadera agencia independiente, con medios y voluntad para la para defensa efectiva de los usuarios de servicios bancario y financieros en general, en el que la voz de sus representantes legítimos, las organizaciones de consumidores sea tenida en cuenta.
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