En materia de subvenciones, la Junta de Castilla y León obliga a que todas las convocatorias tengan en cuenta el nivel de renta de los beneficiarios y se establece la necesidad de que haya indicadores de resultados para asegurar su eficacia. Por otro lado, las ayudas que sirvan para la financiación global de entidades estarán sujetas a similares reducciones del gasto que las aplicadas al conjunto de la Administración.
Junto a esto, la norma recoge la reorganización del sector público de la comunidad, reduciendo el número de empresas, entes y fundaciones; la aplicación de las medidas de jornada, oferta pública y retributivas de la Junta a este tipo de entidades; el impulso de la teleformación; la racionalización de las acciones que se llevan a cabo con el Fondo de Acción Social, y la potenciación de los servicios de prevención de riesgos laborales propios.
A esto hay que añadir la rebaja sustancial de los contratos de seguridad y limpieza en los edificios públicos; la implantación de planes de ahorro energético en las dependencias administrativas; la gestión integral del patrimonio y los alquileres; la enajenación, arrendamiento o concesión de los inmuebles que estén en desuso, con el fin de obtener recursos; la venta de bienes muebles obsoletos o infrautilizados; la fusión de todos los centros de proceso de datos en uno; la extensión de la central de compras; la integración de los teléfonos de información en el servicio 012, y la unificación progresiva de las oficinas de atención a los ciudadanos.
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