La razón es que las entidades financieras que aún no han sido apercibidas por los tribunales procederán a revisar voluntariamente sus hipotecas en previsión de que la tendencia de los juzgados sea la de proteger a los clientes que se animen a reclamar, con el alto coste de imagen que ello podría conllevar.
El Colegio de los Registradores considera que la decisión del Supremo y la nueva ley de protección a los deudores hipotecarios –también conocida como ‘ley antidesahucios- provocarán una restricción del crédito y un encarecimiento de las hipotecas porque cuando las concedan lo harán a unos tipos más altos.