La continua variación de los precios en los productos hace que el consumidor no pueda apreciar con detalle cómo repercute en la vida diaria. Sin embargo, la subida del IVA hace un año ha afectado, y de qué manera, en los bolsillos de los salmantinos. Roberto Bernal, abogado especialista en Derecho de Consumo, Financiero y Bancario, de la Unión de Consumidores (UCE) en Salamanca, ofrece algunos detalles en una entrevista con SALAMANCA24HORAS.
- Un año después de la subida del IVA, ¿los datos demuestran que era necesaria?
- Depende de lo que entendamos por necesaria y para quien, pues desde el punto de vista de los estados miembros de la Unión Europea a la hora de exigir este tipo de medidas para el cumplimiento de la reducción del déficit, seguramente digan que sí, pero desde el punto de vista de los consumidores y de los comerciantes la realidad es que para los primeros, lo que nos ha repercutido seguro es que los precios de los productos han subido y por tanto hemos podido comprar menos cosas, mientras que para los segundos la repercusión ha sido que han vendido menos, y todos sabemos que nuestro sistema económico se sustenta en el consumo.
- ¿Cuánto ha repercutido este incremento en una familia salmantina?
- A un hogar medio, sobre los 460 euros.
- ¿Y en las tiendas?, porque muchas asumieron la subida del IVA conteniendo los precios para no repercutirla en los consumidores.
- No podemos dar una cifra, pero tal repercusión seguramente también venga por un descenso en los ingresos por menos ventas realizadas, además del menor margen de ganancia en cada venta por asumir la subida del IVA y no repercutírselo a los consumidores.
- La Unión Europea recomienda otro aumento de este impuesto. ¿Pueden asumirlo los bolsillos de los consumidores?
- A nuestro entender, no, pues si una subida del impuesto fuera acompañada de una subida de salarios o ingresos, podría ser, pero éste no es el caso, sino al contrario, pues se está produciendo una bajada los salarios, por lo que el poder adquisitivo de los consumidores en general se ha reducido considerablemente.
- España tiene unos de los mayores tipos impositivos, y sin embargo los salarios están entre los más bajo, y más que pide Bruselas que se bajen. ¿Cómo se percibe esta pérdida de poder adquisitivo en los casos que día a día tratan las asociaciones de consumidores?
- La pérdida de poder adquisitivo donde más se percibe con mayor problemática es en la esfera de las relaciones de préstamos y créditos bancarios, ya no sólo los hipotecarios, sino por ejemplo en el acceso a las tarjetas de crédito a buen interés que antes se concedían sin problema o al aumento de las garantías que ahora piden los bancos o financieras para la concesión para créditos al consumo o personales. También la gente ahorra menos por tener menos dinero disponible y por tanto contratan menos productos de ahorro bancarios o seguros, que incluso muchos están cancelando seguros que tenían hasta ahora.
- ¿De qué se quejan más los salmantinos?
- Sobre todo en este último año gran parte de las quejas han sido sobre temas bancarios, con muchísimas quejas y reclamaciones, por todos los problemas que todos conocemos de este sector, seguido de la telefonía. Lo que sí hemos notado es que la gente empieza a tener más conciencia y hemos tenido más consultas de asesoramiento, ya que ven que es bueno asesorarse con profesionales del Derecho antes de contratar por ejemplo productos bancarios de ahorro o inversión, préstamos, etcétera o revisarles algún contrato.
- Dicen que ganar una reclamación a las compañías telefónicas comienza a ser como las meigas, haberlas haylas, pero nadie lo ha visto…
- La verdad es que es una auténtica odisea, pero con persistencia y tenacidad sí se consiguen ganar. Lo peor es cuando meten a alguien en un registro de morosos por una cuestión menor de telefonía, dada la repercusión que puede tener en cuanto a su persona.
- ¿Las nuevas tasas judiciales han frenado a muchos consumidores para denunciar un abuso?
- Sí, pues si de por sí ya a muchos consumidores les costaba iniciar un procedimiento judicial, más ahora. Y que coincide con el aumento considerable de abusos, sobre todo bancarios, que se están dando. Muchos consumidores están viendo mermado su derecho constitucional de acceso a la justicia.
- ¿Están cambiando los consumidores a la hora de reclamar sus derechos?
- En parte sí, pues se inquietan más que antes cuando tienen un problema y acuden más a ver cómo lo pueden solucionar, pero aún les cuesta asumir que hacer valer sus derechos o recibir información adecuada y profesional especializada cuesta dinero, como todo en la vida, además de que también les cuesta pertenecer o unirse a una asociación de consumidores, que en otros países de nuestro entorno es de lo más normal y gran parte de la población colabora o está asociado a alguna.
- La crisis sobre todo está modificando los hábitos de consumo. ¿Se están adoptando los correctos?
- En general sí, pero en las clases más bajas no, y es un problema.
- Lo digo porque antes por lo general se gastaba por encima de las posibilidades y ahora parece que da miedo gastar incluso cuando se necesita.
- Depende de qué sectores de la población, pues la venta de productos de lujo incluso han subido de ventas, por lo que seguramente en las clases medias, es donde se haya frenado el gasto por cautela, por miedo a la pérdida del trabajo o reducción de sueldos y más subidas de impuestos, ya que la gente nos comenta que no ven aún la salida a la crisis.
- El ministro dice que no pasa nada por comer yogures caducados. ¿Cómo está repercutiendo toda la recesión económica en la calidad de los productos y sus garantías?
- La seguridad y calidad entendemos que no puede estar condicionada por la crisis, y de hecho los controles de calidad y las garantías de los productos siguen funcionando de igual manera, otra cosa es que por parte de algún productor o intermediario haya la tentación de rebajar costes por la situación que pueda estar atravesando y eluda alguna obligación legal, pero eso siempre existe. No tenemos que ir más lejos, hace pocos años cuando sin haber crisis, todo lo contrario, muchísimas viviendas construidas tenían defectos de construcción y supuestamente los controles debían ser los buenos, y nos encontramos con muchas reclamaciones contra promotores y constructores.
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