Los acontecimientos de los últimos meses sobre familias que pierden sus vivienda por un desahucio y terminan en final tráfigo han puesto sobre la mesa un problema que es general en todo el país, también en Salamanca. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en los Juzgados de Primera Instancia ingresaron el año pasado 339 ejecuciones hipotecarias, mientras que hasta el tercer trimestre de este año son ya 383, por lo que de mantenerse el ritmo, el incremento a final de ejercicio sería considerable. Además, ya ha habido 202 desahucios por falta de pago de la vivienda y falta de pago del alquiler, cuando en todo el año pasado fueron 260.
 
Son las entidades financieras las que recurren principalmente a los juzgados para reclamar una ejecución hipotecaria cuando el impago de las cuotas supera los tres meses, una situación que afecta tanto a particulares como a promotoras que no han logrado vender sus pisos. Entonces se inicia un proceso que puede terminar en la subasta del inmueble y el desahucio de sus ocupantes. El órgano judicial advierte también que la cifra de embargos puede ser mayor de la que aparece reflejada en las estadísticas ya que una sola petición de ejecución hipotecaria puede afectar a más de un inmueble.

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