La provincia de Salamanca dispone de 1.428 viviendas protegidas, lo que la convierte en la tercera de la Comunidad solo superada por las 2.290 de Valladolid y las 1.752 de León. Supera así el 10% de las 11.416 de las que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente dispone a lo largo de toda la región. De ese total, 10.189 están en período de amortización por sus futuros propietarios, 1.096 están en régimen de alquiler y 131 viviendas están disponibles para atender a las familias que necesiten realojo en caso de desahucios o de exclusión social. En el caso de las viviendas en venta, el recibo mensual se sitúa en una media de 200 euros siendo el más caro de 378,56 euros. En régimen de alquiler, la renta media se sitúa en 56 euros, siendo el recibo más elevado en Castilla y León de 126,17 euros.
Una de las prioridades de la Junta es garantizar la vivienda a las personas y familias residentes en la Comunidad.
Las viviendas en venta abandonan el parque público conforme sus respectivos adjudicatarios van completando la amortización de su precio total, tras un período que se sitúa entre 20 y 30 años. En ese período, los adjudicatarios de viviendas en venta deben pagar unos recibos mensuales que se sitúan en una media de 200 euros-el recibo más elevado de las promociones de Castilla y León es de 378,56 euros-.
En las viviendas de régimen de alquiler, la renta mensual es el 3 % del valor de la vivienda dividido entre 12. La renta se aumenta cada dos años pero sólo un 50 % del IPC aplicable. En este sentido, en la actualidad, la renta media de las viviendas en régimen de alquiler se sitúa en 56,06 euros- el recibo más elevado en Castilla y León es de 126,17 euros-.
El proceso de acceso a la vivienda protegida de la Junta
Cuando finaliza una promoción de viviendas protegidas, se pone en marcha el proceso de selección de los adjudicatarios, que se celebra entre las personas inscritas en el registro de demandantes de viviendas protegidas que soliciten su adjudicación en el término municipal de la promoción. Si es necesario, se procede a realizar un sorteo entre los demandantes.
Una vez termina la adjudicación, se formalizan los correspondientes contratos y mes a mes los servicios territoriales gestionan la tramitación. Por su parte, en los servicios centrales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se supervisan los datos que se graban en los territoriales y se resuelven las dudas y conflictos que puedan plantearse. Además, desde los servicios territoriales se realizan gestiones ante notarios, registradores, catastro, hacienda, comunidad de vecinos y cualquier actuación cotidiana en la vivienda. Los gastos de reparaciones y mantenimiento de las viviendas los asume la Junta de Castilla y León.
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