Tras 40 años de lucha por la construcción de un modelo eficaz de servicios sociales, este puede tener las horas contadas. Así lo ha manifestado la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima, quien ha asegurado que la reforma de la Administración Local es un ataque frontal a esa estructura, que va a dejar de ser un derecho.

 

Este anteproyecto de ley, según Lima, esconde un carácter puramente económico que supondrá 3.400 millones de euros de ahorro consistente en una recentralización de las competencias, ya que muchas de las que estaban en manos del nivel local más cercano se transfieren al nivel autonómico, rompiendo con las tendencias europeas que propugnan servicios sociales de proximidad locales. “Es como si en un centro de salud dejáramos sólo las Urgencias”, ha señalado.

 

Precisamente en esta época de crisis, los servicios sociales han aumentado un 74 por ciento su demanda, de los que más de la mitad son personas de clase media y jóvenes formados que antes apenas había acudido a estos servicios. “Estamos en un momento de emergencia social”, ha sentenciado.

 

Además, la presidenta del CGTS ha señalado que detrás de todo esto se encuentra la privatización del servicio: “Lo público no es una apuesta, el que pueda que se lo pague y el que no ya veremos cómo se le puede atender”.
 

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