La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cuestiona la idoneidad del sistema funcionarial por el que se rigen los docentes en España, al considerar que sus condiciones contractuales deberían promover el logro de objetivos educativos, lo que ayudaría a que vuelvan "a ganarse el respeto de la opinión pública". La OCDE cuestiona, por ejemplo, que los profesores "cuenten con puestos de por vida debido a su condición de funcionarios" y que, por ello, sea "prácticamente imposible despedir a un profesor o anticipar su jubilación a pesar de lo que haga o de lo ineficaz que llegue a ser", una situación que "dificulta la organización o reorganización de los centros".
 
De igual forma, el estudio afirma que este sistema "permite que los profesores puedan negarse a realizar cursos de reciclaje o de formación continua", lo que da lugar a que algunos "no hayan realizado ningún curso de este tipo en los veinte o treinta años transcurridos desde que concluyeron su formación inicial". También reprueba la OCDE que en España "esté prohibido que los funcionarios realicen trabajos en el sector privado", lo que impide a los profesores de Formación Profesional "volver a ejercer su profesión, aunque sea temporalmente, para actualizar sus competencias y conocimientos de la materia".
 
Los expertos encargados de este informe creen que "resulta extremadamente inapropiado insistir en que las condiciones contractuales de un profesor y de un funcionario gubernamental medio sean idénticas", dado que asumen un papel y unas responsabilidades "muy diferentes". Así, la OCDE aboga por que los docentes cuenten con un estatus especial de funcionarios públicos, más que funcionarios del cuerpo civil, y unas condiciones contractuales "que promuevan el logro de los objetivos educacionales", lo que contribuiría a que "volvieran a ganarse el respeto de la opinión pública".
 
Para estos expertos, el sistema de contratación y asignación del profesorado en España "es un claro ejemplo de cómo la aplicación de las normas que rigen los contratos de los funcionarios arroja resultados que no son los deseados". Así, cuestionan que se juzgue a los candidatos a profesores en función de si aprueban la oposición pública, ya que, en su opinión, "aprobar este examen no garantiza que se tengan las competencias y el talento que necesita un buen profesor".

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