Éste es un de los datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE), correspondiente al último trimestre de 2013, que hace un seguimiento periódico de las condiciones socio-laborales y los procesos de transición a la vida adulta de la población joven, analizando elementos significativos, como el empleo y la vivienda.
 
Si nos centramos en el empleo, nos encontramos con que la tasa de paro de las personas menores de 25 años alcanza el 55,1%. Otro dato revelador de la situación que viven los y las jóvenes es que el 50,6% de la población asalariada menor de 30 años tiene contratos temporales, de los cuales, casi la mitad, un 46,4% son de menos de un año de duración. Por otra parte, la ocupación a tiempo parcial también ha ido ganando terreno en el último año, alcanzando el 27,8% de los y las jóvenes. Los colectivos más afectados por este tipo de ocupación son las personas de 16 a 24 y las mujeres jóvenes. La sobrecualificación también se ha convertido en una característica de la población joven asalariada: el 52,7% está realizando un trabajo que requiere un nivel inferior de cualificación al que tiene.
 
En relación al acceso a la vivienda por parte de los y las jóvenes, los datos son igual de alarmantes: una persona joven debería destinar el 55,9% de su salario para poder adquirir una vivienda en propiedad; debería percibir un sueldo un 86,38% mayor que el actual; o que la superficie máxima a la que puede aspirar es de 53,7 metros cuadrados.
 
A juicio de Ricardo Ibarra, presidente del Consejo de la Juventud de España, estos datos “ponen sobre la mesa la dramática situación que vive la juventud española en paro y demuestran que la precariedad y la explotación son las notas predominantes de las condiciones laborales de los jóvenes que están trabajando, lo que dibuja un futuro incierto y carente de esperanza”. Asimismo, Ibarra denuncia que hasta ahora el Gobierno “se ha limitado a esperar que la recuperación llegue por si sola y a parchear con  medidas y políticas vacías e ineficaces”. Así, el presidente del CJE, hace un llamamiento al Ejecutivo para que “asuma su responsabilidad, invierta y ponga en marcha una reforma laboral que garantice derechos, calidad y condiciones dignas para el empleo de las personas jóvenes”.

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