Un viernes más, la plataforma sindical de los empleados de la sanidad pública de Salamanca, formada por CCOO, UGT, CSI-F, CESM, Satse, Usae y USO, ha cortado temporalmente el paseo de San Vicente, a la altura del hospital Virgen de la Vega, en señal de protesta contra los recorte del Gobierno y la Junta de Castilla y León tanto en sus salarios como en las condiciones laborales.
"El Gobierno está utilizando a los empleados públicos como moneda de cambio para cumplir sus acuerdos con Europa", aseguran, y añaden: "Se trata sólo de los primeros pasos, puesto que hay una estrategia de avanzar de manera lenta y continuada hasta conseguir que el derecho a la protección de la salud deje de ser un derecho de todos los ciudadanos y pase a ser un privilegio para aquellos que puedan pagársela, dejando para los demás un modelo similar a la antigua beneficencia. La crisis no puede llevarse por delante el futuro, no puede sumir a la población en la regresión social y en el empobrecimiento. El Gobierno se ha sacado de la manga un programa oculto con el que no acudió a las elecciones y ha engañado a la ciudadanía. La crisis no puede llevarse por delante nuestro futuro y el de nuestros hijos".
La plataforma rechaza el plan de recortes por ser "una agresión brutal a las personas, a la economía y a la democracia, por ser medidas netamente antisociales e injustas". A su juicio, se vuelve a eximir de responsabilidades y compromisos al sector financiero, al sector empresarial y a las rentas más altas de este país, mientras se carga contra las personas en paro, pensionistas, personas con dependencia, enfermos, empleadas y empleados públicos, trabajadores y ciudadanía en general, reduciendo derechos y prestaciones sociales. "La imposición de estas reformas sociales y laborales acelera el desmantelamiento del Estado de Bienestar y quiebran el pacto constitucional, los fundamentos que hicieron posible la Constitución, y la propia democracia", añaden.
Además, "la falta de interés político por la sanidad pública se concreta en la sobrecarga laboral del personal sanitario y no sanitario, debido a los recortes de los recursos humanos y materiales. Todo ello desde una política de premeditado descrédito de la Sanidad Pública, pues está claro que este es el primer paso para conseguir un apoyo ciudadano a su privatización. Por eso, consideran que es necesario "frenar el abuso al que se está sometiendo a los profesionales que prestan sus servicios en la administración pública, dejándonos en una situación económica insostenible; no solamente en la actualidad sino también a largo plazo".