Cuando en septiembre de 2004 se aprobó la Ley Concursal, una norma que sustituyó a la antigua Ley de Suspensión de Pagos, si una persona hace recuento de lo que tiene y ve que con ello es imposible pagar de manera regular sus deudas tiene la obligación de acudir a los tribunales mercantiles para pedir la llamada declaración de concurso. Salamanca no se ha quedado al margen y cada vez son más las familias que se declaran en quiebra.
Esta fórmula jurídica no tuvo repercusión sobre las personas físicas durante los primeros años y era imperceptible también en las empresas, pero la crisis ha desatado su solicitud. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, durante el año pasado nueve familias salmantinas solicitaron la suspensión de pagos por estar en quiebra. Durante la primavera de este año fueron tres las familias en acudir a este recurso, según los datos publicado este miércoles por el iNE, que muestra cómo en la provincia de Salamanca hubo 22 concursos de acreedores en total.
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