Recuerda esta formación política que el Impuesto sobre Venta Minorista de Hidrocarburos ha sido considerado en un informe de 2008, previos los trámites de alegaciones e información, contrario a la normativa comunitaria por la Comisión de la Unión Europea. Asimismo, los Tribunales Superiores de Justicia de Galicia y Cataluña han elevado sendas cuestiones al Tribunal de la Unión Europea para que éste analice la posibilidad de que el 'céntimo sanitario' sea contrario a la normativa comunitaria y, en consecuencia sea nulo.
Las consecuencias de una declaración de nulidad del impuesto por ser contrario a la normativa homogeneizadora de los impuestos sobre hidrocarburos sería que las Comunidades Autónomas que lo han aplicado se verían obligadas a devolver todo lo recaudado a aquellos ciudadanos que lo soliciten. UPS lamenta que las propuestas que en materia de impuestos ha efectuado este partido, hayan caído en saco roto para la Junta de Castilla y León y ahora pretenda aplicar un impuesto que puede ser declarado ilegal generando una deuda que deberá devolver a futuro con todos los ciudadanos, pan para hoy y hambre para mañana.
Entre las propuestas de Unión del Pueblo Salmantino se encontraban que el impuesto sobre la producción eléctrica se cobrase por la Comunidad Autónoma productora (en lugar de por la Comunidad Autónoma consumidora, como ocurre ahora) o un sistema de compensación económica similar al existente en la atención sanitaria respecto de la educación universitaria. Es decir, que las Comunidades Autónomas que exportan estudiantes a Castilla y León asuman el coste de los estudios universitarios de sus ciudadanos, del mismo modo que Castilla y León asume el coste sanitario que sus ciudadanos generan, por ejemplo en Madrid.
"Sin embargo, la Junta de Castilla y León huye de todo aquello que sea defender los intereses propios si eso supone tener una voz autónoma en España o en el PP y contraria a los intereses de otras Comunidades Autónomas. Prefiere imponer a sus ciudadanos impuestos sobre los que pesa una gran duda de ilegalidad, haciendo oídos sordos a otras alternativas de gestión", concluye el comunicado.
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