Este lunes se han iniciado las acciones judiciales contra la Generalitat en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por reiterado incumplimiento de la Ley 21/2005 y de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de 2013, referidas al Archivo de la Guerra Civil en Salamanca. Entre otros, Policarpo Sánchez, historiador del archivo, pide al jal Juez que ordene a la Generalitat la devolución al Archivo General de la Guerra Civil todos los documentos y otros efectos que no fueron incautados en Cataluña a personas naturales o jurídicas de carácter privado, con residencia, domicilio delegación o secciones en Cataluña.
Desde Unión Progreso y Democracia (UPyD) lamentan que se tenga que recurrir a una intervención judicial, ya que la ley es de obligado cumplimiento para todos. "Sin embargo la Generalitat se niega a cumplir leyes y sentencias, primero con el beneplácito de Zapatero y ahora con el de Rajoy. También recordamos que el Gobierno de España está obligado a cumplir y hacer cumplir la Ley, y a pesar de contar con mayoría absoluta está ignorando y apoyando su incumplimiento. Resulta sorprendente que el Partido Popular en Salamanca, que sacó a toda la ciudadanía a la calle para evitar el expolio, ahora no hace más que ponerse de perfil", explica en un comunicado. También, dentro de la actividad parlamentaria de los diputados por Salamanca (José Antonio Bermúdez de Castro, María Teresa Cobaleda, María Jesús Moro por el PP y Jesús Caldera por el PSOE) no hay ni una sola mención sobre este asunto.
Los hallazgos del historiador escandalizan a UPyD y apoyan sus reivindicaciones. Como resultado de sus estudios, asegura que muchos de los documentos devueltos a Cataluña no han sido digitalizados en su integridad ni compulsados, a fin de que quede depositada en el Archivo una copia auténtica, tal como prevé la ley. También apoyan la devolución de los documentos trasladados indebidamente a Cataluña, y recuerdan que como deja claro la Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de 2013, cuando no se pueda devolver a su legítimo dueño los documentos son de titularidad estatal. "Por lo tanto no podemos consentir que desde la Generalitat pretendan quedarse con el Patrimonio Histórico Español, inutilizado el Archivo Nacional, patrimonio de todos los españoles, por la desidia de unos y el egoísmo de otros", añaden.
Por último, suscriben las palabras de Policarpo Sánchez, en la que ha resaltado la importancia que tuvo el ex presidente Adolfo Suárez en la supresión de los Servicios Documentales de la dictadura y el traslado de los fondos documentales al Ministerio de Cultura, recordando que “ya no hay papeles de vencedores ni vencidos de una terrible guerra".
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