Rosa López y el alcalde de Terradillos copresiden la Junta Local de Seguridad y aprueban un nuevo protocolo contra la violencia de género
El nuevo protocolo mejora la coordinación entre Guardia Civil y Policía Local para proteger a víctimas de violencia de género

La subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, junto con el alcalde de Terradillos, Alejandro Álvarez García, han copresidido en la mañana de este martes la reunión de la Junta Local de Seguridad del municipio. En el encuentro también participaron la jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación, Raquel San Felipe; la jefa de la Unidad de Interior de la Junta de Castilla y León, Inmaculada Egido Sánchez; responsables de la Guardia Civil, Policía Local y otros miembros de la Corporación municipal.
Durante la sesión se aprobó el Protocolo Operativo de Colaboración y Coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Local del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, cuyo objetivo es reforzar la protección y el seguimiento de las víctimas de violencia de género en el municipio. Este protocolo se enmarca dentro del Sistema VioGÉN, actualizado recientemente con la renovación del Convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, vigente desde 2020 y adaptado ahora al nuevo Sistema VioGÉN 2.
El nuevo protocolo incorpora mejoras técnicas y funcionales a diferentes niveles y fue firmado, además de por la subdelegada y el alcalde, por el Teniente Coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca, Arturo Marcos, y el Jefe de la Policía Local de Terradillos, Santiago Herrero González.
Rosa López subrayó la importancia de la colaboración entre Administraciones y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para avanzar en la lucha contra la violencia machista, destacando que “el objetivo principal de este protocolo es proteger a las víctimas y evitar los casos de violencia de género”.
Las Juntas Locales de Seguridad son órganos de coordinación operativa e informativa que facilitan la colaboración entre sectores sociales e institucionales para planificar la seguridad pública. Esta coordinación contribuye a acercar a la sociedad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, mejorando la protección de los derechos y libertades públicas reconocidos constitucionalmente.
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