En el primer caso, en lo referente a agricultor activo y agricultura activa, la organización profesional agraria se muestra satisfecha ya que el documento firmado recoge muchas de las reclamaciones y el consenso logrado en Castilla y León en este sentido. Así, según Asaja, “esto va a permitir un mayor control de las ayudas, evitando especulaciones que hasta ahora habían gozado de permisividad”. La propuesta que lanzaba Castilla y León era exigir que al menos el 50% de los ingresos totales de los perceptores de la PAC procedieran de la producción, aunque finalmente se exigirá un 20%.
Hablando de la regionalización de ayudas, Asaja sostiene que cuando se ponga en marcha, tanto la Comunidad Autónoma como los agricultores no pierdan fondos adaptándose progresivamente al nuevo marco. En cuanto a los pagos acoplados, la opa asegura que se recortan las aspiraciones de Castilla y León, recibiendo solo un 12% del 15% que se esperaba en un principio. Por otra parte, reclaman más ayudas de este tipo al sector remolachero, ya que las consideran insuficientes “para que conserve un nivel de renta que haga atractivo el cultivo”.
Por último, en lo relativo al capítulo de desarrollo rural, Asaja rechaza que el Ministerio de Agricultura “abandone el compromiso de cofinanciación que hasta ahora tenía este programa, puesto que en adelante la aportación nacional y autonómica, en lugar de ir al 50%, será del 70% para la región y solo del 30% para Madrid”. Desde Asaja, concluyen, “que esto supondrá un sobreesfuerzo para la Comunidad Autónoma en un momento económicamente muy complicado”.
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