Castilla y León amplía las ayudas para explotaciones agrarias y apícolas afectadas por los incendios

La Junta de Castilla y León ha aprobado, y publicado este jueves, una nueva concesión de subvenciones directas destinadas a agricultores y apicultores profesionales cuyas explotaciones resultaron dañadas y afectadas por los grandes incendios forestales el pasado verano.

Estas ayudas forman parte del conjunto de actuaciones impulsadas por el Ejecutivo autonómico para favorecer la recuperación de las zonas afectadas por los fuegos. Tras la actualización de los datos obtenidos mediante sistemas gráficos y satelitales y su cruce con los municipios incluidos en las órdenes que delimitan las áreas afectadas, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha incorporado a nuevos beneficiarios que no habían sido incluidos en anteriores resoluciones.

En concreto, la nueva orden contempla la concesión de ayudas a 17 profesionales del sector agrario, entre ellos 15 agricultores y 2 apicultores cuyas áreas de pecoreo también se vieron perjudicadas por los incendios. El importe total destinado a esta convocatoria asciende a 93.500 euros, que se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León prorrogados para el ejercicio 2026.

Cada uno de los beneficiarios percibirá una ayuda mínima de 5.500 euros por explotación afectada. No obstante, esta cuantía podrá incrementarse en función de la valoración de los daños sufridos, especialmente en aquellos casos en los que se hayan producido pérdidas de superficie agrícola o destrucción de colmenas, siempre que se presente la correspondiente declaración responsable.

Las ayudas se calcularán atendiendo al tipo de cultivo o daño registrado, con importes de 130 euros por hectárea para cultivos herbáceos no cosechados, 240 euros por hectárea para cultivos leñosos y 18 euros por hectárea en el caso de superficies de pastos. En el ámbito apícola, se establece una compensación de 150 euros por cada colmena destruida, con un límite máximo de 18.000 euros por beneficiario.