Castilla y León rechaza el informe del MITECO sobre el lobo alegando "bases erróneas e inseguras"

A pesar de su rechazo al informe del MITECO, la Junta sí comparte los datos del segundo censo nacional coordinado, que cifra en 333 las manadas de lobos en toda España. Esto representa un aumento del 12% respecto al censo anterior (2012-2014), que registró 297 manadas

La Junta de Castilla y León ha expresado su "absoluta y radical" oposición al informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo propuesto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). La Comunidad Autónoma considera que el documento se basa en premisas "erróneas" e "inseguras" y carece del aval técnico del personal público.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, hizo estas declaraciones en el Club de Prensa 'Claves de futuro: Industria, suelo y energía', organizado por El Mundo de Castilla y León. Suárez-Quiñones criticó duramente la propuesta del Gobierno central, que establece un estado de conservación "desfavorable" para el lobo en España al no alcanzar las 500 manadas.

A pesar de su rechazo al informe del MITECO, la Junta sí comparte los datos del segundo censo nacional coordinado, que cifra en 333 las manadas de lobos en toda España. Esto representa un aumento del 12% respecto al censo anterior (2012-2014), que registró 297 manadas.

El titular de Medio Ambiente denunció una falta de "lealtad" por parte del Gobierno al plantear un informe para su envío a Europa que, según la Comunidad, se sostiene en un documento "supuestamente técnico" elaborado "sin ninguna base técnica". "Para nosotros la única base técnica reconocible es la de nuestros funcionarios públicos, nuestros biólogos, nuestros veterinarios, nuestros ingenieros de Castilla y León", enfatizó Suárez-Quiñones.

El consejero advirtió que Castilla y León no aceptará un informe basado en el "parecer técnico" de determinados científicos que, insistió, "no son personal público". No obstante, Suárez-Quiñones recordó que las comunidades autónomas tendrán la oportunidad de fijar su posición, ya que el informe deberá ser aprobado por la conferencia sectorial del ramo, tras una reciente modificación legal introducida a través de la Ley de desperdicio alimentario.