La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Ruralconvocó el pasado 15 de junio las Ayudas para la Mejora de la Producción yComercialización de la miel para el ejercicio de 2020. “Y por enésimo año, elimporte de las ayudas baja del mismo modo que el nivel de exigencia paraacceder a las mismas sube”.
Esta es una afirmación de COAG Castilla y León, quienes consideranque, a la vista de este paisaje, el organismo parece que “quisiera dejar a laderiva al potente sector apícola de Castilla y León”, a pesar de que presentaunas cifras “envidiables”. Según detallan, la apicultura de la Comunidad empleaa 5.000 personas, factura 40 millones de euros y cuenta con 5.200 explotaciones,el 15% de toda España.
Así, analizando el coeficiente de prorrateo (porcentaje dela solicitud que puede pagarse en función de los fondos disponibles) aplicadoen los 3 últimos años, se puede ver que en 2017 se aplicó un coeficientecorrector del 91,10% sobre el importe a percibir, en el año 2018 un 83,91% y enel año 2019 un 80,10%, lo que supone una pérdida de la quinta parte del importetotal a percibir, y que dejó un saldo medio recibido por colmena inferior a4,50 euros.
Estos datos contradicen el espíritu del Plan NacionalApícola, en tanto que Castilla y León no ejecuta el 100% del presupuestodisponible. Es decir, que “se pierde dinero procedente del FEAGA y delMinisterio, cuya aportación a las ayudas para los apicultores de la región es del75% de las mismas”. Dicha pérdida de fondos vendría originada por “la malagestión del procedimiento, tanto de la evaluación como de la asignación de laayuda, que ha supuesto que en algunos ejercicios se dejen sin gastar cantidadescercanas al 20 por ciento de los fondos provistos para conceder las ayudas”,prosigue la organización en un comunicado.
Por otra parte, las injustificadas exigencias de laadministración autonómica hacen que muchos apicultores “se cuestionen sirealmente les interesa solicitar esta ayuda”, aseguran, y ponen el ejemplo deque en los dos últimos años la Junta ha exigido la presentación de extractos decuentas bancarias para la justificación de la ejecución de las inversiones,medida que COAG Castilla y León ha denunciado públicamente por vulnerar laprivacidad de los apicultores.
En este año, como novedad, a los apicultores profesionalesse les obliga a declarar la ubicación exacta de todos sus colmenares, “medidaque no ha sentado bien en el sector, ya que el recoger coordenadas de todos losasentamientos supone un coste que la subvención no cubre”.
Si se compara esta ayuda para la Mejora de la Producción yComercialización con la otra gran subvención directa a la apicultura, la ayudaagroambiental enmarcada dentro de la PAC, “observaremos que por debajo de los12,60 euros por colmena, a los apicultores no les interesa solicitar lasubvención dado el coste que requiere cumplir los requisitos exigidos”. Llamapor tanto la atención que la Consejería de Agricultura pretenda que losapicultores localicen todas las coordenadas de los asentamientos por unos 4euros por colmena, lamentan.
Además, todo lo anterior va en contra de lo quecontinuamente demanda el sector, “pues pedimos que se legisle una normativa deordenación actualizada y parece ser que se esté usando la subvención pararealizar una regulación del sector encubierta”. Otra de las novedades es el sistema de controles, loque obliga al apicultor a visitar todas las unidades veterinarias donde tengacolmenas en caso de ser seleccionado para control. Medidas “cada vez más durasque hacen que al apicultor le cueste cada día más trabajo percibir menos dinero”.
COAG recuerda que el sector comenzó elaño con importantes movilizaciones que se vieron interrumpidas por la crisissanitaria y publicar estas ayudas en la actual situación de alerta sanitariadeja la sensación de que la Junta de Castilla y León “ha tensado demasiado lacuerda”.