COAG pide que las Cortes de Castilla y León pidan la derogación del cobro del canon por reempleo de semilla

La agrupación manifiesta que los obtentores de semillas de ANOVE ejercen un abuso de posición dominante

 Subvenciones para semillas certificadas
Subvenciones para semillas certificadas

COAG-Castilla y León ha dirigido sendas cartas a Luis Tudanca, Raúl de la Hoz y Ana Carlota Amigo, Portavoces de los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular y Ciudadanos respectivamente, pidiéndoles que las Cortes autonómicas insten al Gobierno central a derogar la normativa que ampara el cobro, por parte de los obtentores de semillas, del canon por reutilización de la semilla propia.

Según una estimación de COAG-Castilla y León, los agricultores de nuestra comunidad pagan un importe anual estimado en 3,5 millones de euros a GESLIVE, empresa filial de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE) que gestiona el cobro del canon. Del importe total recaudado en España por este concepto, al menos 1,8 millones de euros es repartido a partes iguales entre las cuatro entidades firmantes del “Convenio Marco sobre el reempleo de granos para siembra” suscrito el 10 de julio de 2017.

Entre los mensajes que se exponen en la carta COAG manifiesta que los obtentores de semillas de ANOVE ejercen un abuso de posición dominante, respaldados por una normativa injusta puesta a su servicio. Las administraciones deberían ponerse del lado del más débil y no apoyando al más fuerte. Si las actuaciones del Seprona se amparan en una normativa injusta que solo favorece el ansia desmedida de lucro de la industria de las semillas, le corresponde a la propia Administración –y por tanto a los partidos políticos que las gobiernan- cambiar dicha normativa.

Es por ello que COAG ha pedido a los Grupos Parlamentarios mayoritarios que las Cortes de Castilla y León insten al Gobierno central a derogar esta normativa que penaliza injustamente a los agricultores por hacer lo que han venido haciendo durante milenios. COAG considera fundamental que se evite la privatización del control de las semillas y defiende el derecho de los agricultores para reutilizar o intercambiar sus propias semillas libremente, derecho que debe quedar fuera del ámbito de aplicación de cualquier legislación.

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