La Comisión de Agricultura de las Cortes de Castilla y León ha respaldado, y aprobado por unanimidad, una Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y defendida por el procurador del PSOE por Salamanca, Juan Luis Cepa, solicitando al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que en la modificación del Real Decreto por el que se aprueba la norma de calidad relativa a la miel se obligue a detallar, en el etiquetado de la misma, el país de origen de donde procede o ha sido recolectada dicha miel que se vende en España.
El procurador salmantino ha recordado que esta iniciativa redunda sin duda alguna en beneficio del sector apícola salmantino en particular, y en el de toda la Comunidad en general debido a la importancia que dicho sector tiene.
En el año 2016, último registrado por la Junta de Castilla y León ha manifestado el procurador salmantino, había en Castilla y León 430.766 colmenas en 5.446 explotaciones, la mayoría no profesionales, siendo Salamanca la provincia donde se contabilizaba un mayor número de apicultores profesionales con más de 300 explotaciones.
El sector apícola ha añadido Cepa, aporta un volumen de negocio anual por la venta de los productos generados que se estima en 62 millones de euros, lo que representa el 0,44 y 0,17 % de la producción anual ganadera y agraria respectivamente. A lo que hay que añadir otros importantes beneficios que diferencian a este sector agrícola del resto de producciones ganaderas como es su importante contribución en el mantenimiento de los ecosistemas y la biodiversidad. Este aporte medioambiental podría considerarse como un bien incalculable por su aportación al mantenimiento de la biodiversidad y el equilibrio ecológico.
Esta iniciativa, en beneficio de los apicultores salmantinos, y que el sector lleva reivindicando desde hace tiempo, denunciando que en España se está comercializando mieles sin indicar el lugar donde habían sido recolectadas o etiquetándolas como producto de la Unión Europea cuando procedían de otros países fuera de Europa como Argentina o China, viene siendo defendida por el Grupo Socialista desde hace dos años, y sin que el anterior gobierno nacional del PP, hubiera hecho nada al respecto.
Por último, la Comisión de Agricultura de la Cámara autonómica aprobó también otra iniciativa del Grupo Socialista en la que también se insta al Gobierno de España a la clarificación del Real Decreto 2822/1998 por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, para clarificar los obligaciones en cuanto a la matricular aperos agrícolas y la obligación de contratar un seguro distinto al del tractor puesto que, no está claro, que los aperos de labranza tenga que ser o no matriculados
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