El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el gasto derivado de la resolución de la convocatoria de ayuda a las inversiones en la industria agroalimentaria cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León.
Esta convocatoria, puesta en marcha durante el ejercicio 2022 con un plazo de presentación de solicitudes de ocho meses, vio alterado su calendario de gestión como consecuencia de la inestabilidad ocasionada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el encarecimiento de las materias primas, la escalada de los precios de la energía y las severas distorsiones sufridas en el comercio mundial, por lo que fue necesario introducir en el 2023 un plazo adicional para que las empresas solicitantes pudieran adaptar sus proyectos a estas adversas condiciones que afectaban al suministro de bienes de inversión, con un encarecimiento de los costes inicialmente previstos.
Por todo ello y para paliar los efectos negativos de dicho retraso, entre otras medidas, la Junta de Castilla y León elevó el importe de los fondos convocados, de tal manera que se situaron en la mayor cifra de ayudas convocadas para la industria agroalimentaria de la última década.
La resolución de la convocatoria ha permitido conceder ayudas por un importe total de 82.551.236 euros, con los que se apoyan 52 proyectos de inversión industrial de carácter agroalimentario y silvícola, que se reparten entre todas las provincias de Castilla y León y supondrán una inversión generada superior a los 221 millones de euros, y que van a servir de estímulo al desarrollo de la Comunidad y, en especial, del medio rural.
Cabe destacar que el 33% de las beneficiarias han sido del sector cárnico, el 21 % son industrias dedicadas a la alimentación animal, frutas y hortalizas un 15 % y un 10 % sector lácteo, entre otros.
La Consejería ha considerado necesario condicionar la percepción de las subvenciones concedidas al cumplimiento de una serie de compromisos adquiridos por los beneficiarios y que se traducirán, entre otros, en el mantenimiento de 4.518 puestos de trabajo y la creación otros 334 puestos nuevos.
Además, se han priorizado las inversiones realizadas en el medio rural, donde están ubicados cerca del 90 % de los proyectos subvencionados. En cuanto a la tipología de las empresas que han sido objeto de resolución favorable es de destacar que el 60 % son pymes y algo más del 15 % de los titulares son empresas cooperativas.
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