Si bien España considera un buen punto de partida la propuesta de Reglamento, en materia de financiación se pide que a tenor de los objetivos pretendidos por el reglamento, y la singularidad del territorio español (40% del total de la Red Natura 2000 europea, mayor diversidad natural de la Unión Europea, gran porcentaje de territorio rural, considerable población rural, índices de renta, superficie de zona desfavorecida), cualesquiera que sean los criterios la participación porcentual española respecto del total no puede ser en ninguna circunstancia inferior a la actual y, por el contrario, debe aumentar.
En relación con los porcentajes de financiación de las diferentes regiones España considera que se debe abrir una tercera categoría entre las regiones de competitividad (con financiación al 50%) y las regiones de convergencia (con financiación al 85%) para aquellas regiones que han dejado recientemente la situación de convergencia, con porcentajes de financiación lo más cercanos posibles a los de las regiones de convergencia.
En relación con la mujer rural la Ministra en funciones ha reclamado que se reconozca en el documento su papel en la vertebración del territorio a través de prioridades y medidas concretas, y ha defendido en lo relativo a la tipología de los programas que pueda simultanearse la aplicación de los programas regionales con los nacionales.
Rosa Aguilar ha demandado una simplificación del modelo propuesto por la Comisión y ha manifestado su preocupación por la incorporación del FEADER dentro del marco estratégico común con el conjunto de los fondos estructurales, la formulación del contrato de adhesión, y la materialización ulterior de los programas, considerando que la Comisión no ha valorado suficientemente la complejidad que esta construcción supone en una país de arquitectura descentralizada como España.
También ha reclamado la inclusión de los nuevos regadíos dentro de las políticas de infraestructuras, subrayando que no es aceptable su exclusión , ya que supone una falta de perspectiva mediterránea en el documento de la Comisión y ha rechazado la propuesta de que la financiación de cualquier política de modernización de regadíos deba venir condicionada a una reducción del 25% del uso del agua, señalando que eso supone un desconocimiento de la realidad territorial del sur de Europa y, además, un condicionante imposible que, en la práctica hace inviable la acción.
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