El sector agrario está inmerso en importantes movilizaciones por toda la geografía nacional y de la UE para exigir modificaciones en los requisitos ambientales de la PAC, menos burocracia, acabar con la competencia desleal de terceros países y precios dignos que aseguren la rentabilidad de las explotaciones.
La situación de crisis generada por la sequía el año pasado, con una pésima cosecha; los bajos precios de mercado y unos costes de los insumos disparados llevan a los profesionales del campo en la Comunidad, a recortar gastos de donde pueden.
Todo esto lleva a los profesionales del campo a utilizar técnicas cada vez de menor laboreo en las siembras para reducir el consumo y el desembolso, entre otros productos, en combustibles. Además, las condiciones meteorológicas, con abundantes lluvias, tampoco acompañaron el inicio de la campaña de siembras a finales del año pasado.
Todos estos factores repercutieron profundamente en el consumo de carburantes del sector agrario en 2023. Las cifras que maneja la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), recogidos por Ical, reflejan de forma clara la situación crítica que vive un “estratégico” para garantizar la seguridad alimentaria y la calidad de las producciones en Europa.
En concreto, según pudo saber Ical, los agricultores y ganaderos de la Comunidad, consumieron el año pasado 550.386 toneladas de gasóleo B, lo que supone un desplome del 18,9 por ciento en relación a las 678.502 de 2022, es decir, repostaron 128.116 toneladas menos.
Por provincias, la pérdida de consumo la encabezó Segovia (48.125 toneladas), un 25,6 por ciento; Salamanca (60.343), un 23,6 por ciento; seguida por León (96.098), un 22,2 por ciento; Ávila (36.579), un 21,8 por ciento; Soria (30.280), un 20,4 por ciento; Valladolid (79.106), un 17,2 por ciento; Burgos (83.396), un 15,6 por ciento; Palencia (55.257), un 15,2 por ciento; y Zamora (61.202), un 8,8 por ciento.
En este contexto, cabe recordar que as organizaciones profesionales agrarias (opas) de Castilla y León, Asaja, La Alianza UPA-COAG y UCCL ya advirtieron del impacto que tendría en el sector la eliminación de los subsidios al consumo de gasóleo B y afirmaron que sería “error estratégico”.