El Gobierno presentará este martes un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de caza de Castilla y León. Los problemas que presenta la normativa afectan, como cuestión central, a la consideración del lobo como especie cinegética, es decir, susceptible de ser cazada. El hecho de que este recurso se trámite mantiene la puerta abierta a que la Junta y el Ministerio puedan llegar a un acuerdo, según informa la Cadena SER.
Las fuentes consultadas por la emisora dejan claro que en el Ministerio son conscientes de la preocupación que supone el lobo para los ganaderos y que la normativa vigente garantiza, a través de la colaboración con las autonomías, el pago rápido de los daños causados en sus rebaños. Para ello, en el departamento que dirige Teresa Ribera, hay presupuestados 20 millones de euros para las denominadas estrategias de convivencia con grandes carnívoros, fundamentalmente el oso y el lobo. Herramientas que, en cualquier caso han sido criticadas por el Gobierno castellano y leonés, por otros territorios afectados por este problema y también por las organizaciones profesionales agrarias.