Desde la importancia que desde el Gobierno autonómico se le ha dado siempre al diálogo y la interlocución con el Sector, y reafirmando así lo que es uno de los compromisos para esta legislatura ─intensificar el diálogo y abrir espacios de consenso con los verdaderos protagonistas del sector─ la Ley Agraria reconoce expresamente a las organizaciones profesionales agrarias como el cauce formal de interlocución y participación del sector agrario en la planificación y desarrollo de la política agraria, regulando la representatividad de mismas. Además se establecen los órganos consultivos en materia agraria y agroalimentaria: el Consejo Agrario de Castilla y León, los Consejos Agrarios Provinciales, el Comité Asesor Agroalimentario de Castilla y León, el Comité de Cooperativismo Agrario de Castilla y León y las Mesas Sectoriales. El Quinto y último Libro de la Ley Agraria de Castilla y León se dedica a regular las infracciones y sanciones en el sector.
Desde que se presentó el pasado mes de febrero al Consejo de Gobierno, el anteproyecto de Ley Agraria se publicó en Internet a través del Gobierno Abierto, para su conocimiento público; se presentó en el Consejo Regional Agrario, para que el sector pudiera realizar las aportaciones necesarias; se dio audiencia a todos los sectores y entidades interesadas; y ha sido informado por el Consejo Económico y Social y por el Consejo Consultivo. Durante este periodo transcurrido entre la presentación del anteproyecto de Ley Agraria de Castilla y León y su aprobación hoy en Consejo de Gobierno se han recibido y considerado más de 300 aportaciones redactadas por 81 instituciones, algunas de las cuales se han incorporado al texto final, contribuyendo así a mejorar el texto inicial, recogiendo en él las más importantes inquietudes del sector.
Política de igualdad, rejuvenecimiento del sector e I+D+i
La norma considera fundamental tanto para asegurar el futuro del sector agrario como para el desarrollo económico y la vertebración territorial de las zonas rurales llevar a cabo una política activa dirigida a dos grupos, los jóvenes y las mujeres. Además de las actuaciones que se vienen desarrollando para la incorporación de jóvenes, la norma establece medidas novedosas dirigidas a rejuvenecer el sector como la creación de un fondo de tierras disponibles o la prioridad en el acceso a los recursos agropecuarios locales.
La presencia de las mujeres no se queda sólo en promocionar la titularidad compartida de las explotaciones sino en fomentar la posibilidad de que se conviertan en propietarias o titulares exclusivas de las explotaciones. Para ello se incluyen dos nuevas actuaciones dirigidas a promover y favorecer la igualdad real y efectiva y la participación de la mujer en el sector agrario: concretamente, el acceso a la titularidad exclusiva de la explotación agraria y la integración como socio en una entidad asociativa titular de una explotación agraria.
Respecto a I+D+i se crea la Estrategia regional agraria y agroalimentaria de I+D+I, como figura de planificación y estableciendo como objetivo principal de la actividad investigadora, el de responder a los retos científicos y tecnológicos a los que se enfrentan los sectores agrario y agroalimentario.
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