Medio centenar de agricultores, acompañados por una veintena de tractores, se echaron este viernes a las calles del centro de Valladolid para exigir a la Confederación Hidrográfica del Duero la eliminación de las sanciones por el uso del agua en las explotaciones de regadío, además de la elaboración de un nuevo Plan Hidrológico en el que se tengan en cuenta sus peticiones.
Un punto, este último, que la CHD se abrió a negociar para el próximo plan, que deberá entrar en vigor en el año 2027, de cara a flexibilizar unas restricciones ambientales que justifican en el “constreñimiento” del espacio de los ríos que se ha dado durante las últimas tres décadas. Sin embargo, el organismo de cuenca sí se negó a la anulación de las multas impuestas porque “no sancionar a los incumplidores perjudica a los que cumplen”.
La manifestación partió, pasadas las 11.15 horas, de la plaza de Colón vallisoletana, donde minutos antes, el presidente de Asaja Valladolid, Juan Ramón Alonso, en declaraciones recogidas por Ical, la justificó por “las políticas que está llevando a cabo la CHD” en el ámbito del regadío de aguas subterráneas y superficiales como organismo controlador de los cauces de ríos y arroyos, y que Alonso calificó como “decimonónico, represivo, sancionador y recaudador”.
Sin embargo, Alonso señaló que, con la protesta de hoy, se pretende “brindarles la oportunidad de hacer una mesa de negociación con los regantes” para abordar las peticiones de estos últimos, entre las que se encuentra “la eliminación de sanciones y multas” por el uso del agua, ya que estas ascienden a entre 10.000 y 20.000 euros, llegando incluso a 22.000, por “regar una parcela, en vez de la que está al lado, porque le has dado barbecho”.
Una situación que demuestra, según Alonso, que “las CUAS (Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas) no están funcionando”, en una idea apoyada por el coordinador de COAG Valladolid, David Garrido, al solicitar “un grupo de trabajo y colaboración con la administración para evitar este tipo de incidencias que a muchos agricultores les está generando verdaderos quebraderos económicos”.
“Queremos que la CHD empiece a resolver los expedientes con más tiento”, reclamó Garrido, dado que “si están solo a sancionar y a prohibir”, en vez de a conceder los expedientes de uso del agua presentados con el anterior Plan Hidrológico y que ahora se deniegan, “la gente joven no se queda ni en los pueblos, ni en la agricultura, ni en el medio rural”.
Otro de los puntos que reclamaron las opas, minutos después, frente a la sede de la CHD en la calle Muro de Valladolid, fue la responsabilidad en el desbordamiento de los cauces de arroyos y ríos, dado que los agricultores se sienten “incapaces de que se nos conteste a las peticiones, no ya de que los limpien, sino para que se permita que esos cauces vayan por donde han ido siempre”.
Esta denuncia, expuesta por el presidente de UCCL en Valladolid, Valentín García Fraile, se debe a las “pérdidas impresionantes que, año tras año”, se dan en los cultivos de la Comunidad por una transición ecológica que, a su juicio, “es que sigan los ríos tapados y vaya el agua por las tierras”.
“Tendremos que seguir presionando, porque no puede ser que, de continuo, se vulneren nuestros derechos”, concluyó, sumando a su organización al documento de doce puntos, “elaborador por regantes y gente que sabe lo que es el Plan Hidrológico”, registrado ante la CHD, donde los tres responsables provinciales de las opas, junto a un agricultor independiente, fueron recibidos por la presidenta del organismo de cuenca, María Jesús Lafuente, en una reunión que se llevó a cabo por un espacio de algo más de media hora, mientras los manifestantes esperaban en la calle.
“Flexibilización” pero se mantienen las sanciones
Tras la reunión, la presidenta de la CHD se dirigió a los medios para exponer la postura del organismo de cuenca, mientras manifestantes y tractores se dirigían hacia la calle Miguel Íscar de Valladolid para continuar con una protesta que les llevaría hasta las puertas de la Delegación del Gobierno y la Consejería de Agricultura de la Junta.
En declaraciones recogidas por Ical, María Jesús Lafuente se refirió en primer lugar a las sanciones, recordando que el cálculo que las opas denuncian como excesivo “está establecido legalmente” y que, aún así, “se está siendo benévolo” al tener en cuenta todas las alegaciones. “Pero no podemos dar carta de naturaleza al incumplimiento”, referenció, recordando que la mayor parte de las 37 CUAS establecidas “cumplen” y “no sancionar a las incumplidoras va en perjuicio” de las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas que sí lo hacen.
Acompañada de la comisaria de Aguas, Diana Martín, recordó que, desde el organismo de cuenca, están “a favor de las CUAS” porque, en su mayoría, están “gestionando bien” el agua de las concesiones, haciendo “un uso eficiente” de masas que, recordó, no son de buena calidad pero se permite su uso en el regadío pese a que “en otros casos, no se permitiría”.
Por ello, justificó que la necesidad de que las CUAS presenten un plan de cultivos con el tipo, el volumen de agua a usar y la parcela en que se va a hacer uso de ese agua para poder realizar la concesión. “Es lo mínimo que se puede exigir”, apuntó, abriéndose, en todo caso, a “flexibilizar” unas restricciones ambientales que “no se necesitarían si no se hubiera constreñido el espacio de los ríos durante 30 años”.
También se abrieron, desde el organismo de cuenca, a revisar las peticiones de las organizaciones profesionales agrarias a la hora de elaborar el próximo Plan Hidrológico del Duero, si bien el actual “está vigente hasta el 2027” y no se prevé cambiar.
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