El Ministerio inicia el proceso de enajenación de siete almacenes públicos de cereal en Salamanca

 El Ministerio inicia el proceso de enajenación de siete almacenes públicos de cereal en Salamanca
El Ministerio inicia el proceso de enajenación de siete almacenes públicos de cereal en Salamanca
La Subdelegación del Gobierno en Salamanca acogió este martes la firma de las actas de recuperación de gestión y uso por parte del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de los seis silos y un granero de la provincia de Salamanca que en día fueron cedidos a la Junta de Castilla y León. 

 

El subdelegado del Gobierno en Salamanca, Javier Galán; el jefe de Área de Patrimonio y Asuntos Generales del FEGA, Agustín Pons, y el jefe de Servicio de Intervención de Mercados de la Consejería de Agricultura y Ganadería, Manuel Vicente Fernández rubricaron el acuerdo. Al acto asistieron los alcaldes de Peñaranda de Bracamonte, José Antonio Jiménez Barcala, y de Cantalapiedra, Juana González Mulas, además del concejal del Ayuntamiento de Gomecello, Juan Antonio Cabo Sánchez, en representación de los municipios en los que se asientan los silos y el granero.

 

Este paso forma parte del proceso que el Gobierno, a través del FEGA, puso en marcha para la enajenación de los almacenes públicos de cereal (macrosilos, silos y graneros) de la red del organismo, 54 de ellos, con capacidad para 330.150 toneladas, en las provincias de Castilla y León, de los que siete se encuentran en la de Salamanca, con una capacidad 28.300 toneladas.

 

De estos, uno es un macrosilo, en Peñaranda de Bracamonte, con una capacidad de 15.000 toneladas; cinco son silos (dos en Cantalapiedra, dos en Gomecello y uno en Peñaranda de Bracamonte), con 12.300 toneladas de capacidad total, y otro, un granero, con una capacidad de mil toneladas, también en Peñaranda.

 

El proceso arranca en enero, cuando el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio  Ambiente, aprueba el Real Decreto por el que se modifica el estatuto del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) para incluir la facultad de enajenación de los inmuebles pertenecientes a la red básica de almacenamiento público (silos), que forman parte de su patrimonio; y modifica el inicio y la instrucción de los procedimientos de determinación y repercusión de las responsabilidades financieras por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea en el ámbito de los fondos europeos agrícolas.

 

El Real Decreto persigue conseguir la máxima eficacia en la gestión del patrimonio del FEGA; facilitar el acceso general a la utilización de dichas unidades de almacenamiento, pertenecientes a la red básica de almacenamiento público, actualmente propiedad del FEGA; contribuir a la creación de empleo y la reactivación de la economía en aquellos lugares donde se ubican; eliminar el elevado coste de mantenimiento que tales instalaciones tienen para este Organismo, así como modificar el inicio y la instrucción de los procedimientos de determinación y repercusión de las responsabilidades financieras por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea en el ámbito de los fondos europeos agrícolas. 

 

La situación de los silos es de casi total abandono por carencia de uso. La propiedad de la red es del FEGA, que cedió su uso a las comunidades autónomas para la gestión de las compras y almacenamiento de cereales, actuaciones que, a día de hoy, son prácticamente inexistentes.

 

El FEGA asume el pago de los Impuestos de Bienes Inmuebles; y las Comunidades Autónomas los gastos corrientes, cuando los hubiera. Actualmente, resulta de todo tipo imposible el acometer los gastos de reparación de daños: por robos, incendios, vandalismo, ocupaciones, etc. 

 

El mantenimiento de una red de almacenamiento representa un coste elevado difícil de justificar cuando no existe una previsión clara de utilización de los almacenes y cuando la falta de uso de los mismos acelera el deterioro de las instalaciones. Mediante la enajenación de las mismas, la modificación normativa pretende facilitar el acceso general a la utilización de dichas unidades de almacenamiento. De esta forma se eliminaría el elevado coste de mantenimiento que tienen para este Organismo y se facilitaría su utilización para otros fines que posibiliten la creación de empleo y la reactivación de la economía en aquellos lugares donde se ubican.
 
 

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