Además se dedica un capítulo específico para la marca de garantía “Tierra de Sabor”, dándole por primera vez a la misma reconocimiento con rango de Ley, y recogiendo expresamente su incuestionable vinculación con la producción primaria de Castilla y León, al proceder la materia prima sustantiva con la que se elaboran los productos amparados por la marca de explotaciones agrícolas y ganaderas de Castilla y León y al ser transformada en industrias agroalimentarias de la región, facilitando su comercialización y aportando mayor valor añadido a la producción agroalimentaria de esta Comunidad.
Comercialización
La Ley fomenta el arbitraje y la mediación en el ámbito de los contratos agrarios, articulando herramientas dirigidas a mejorar el equilibrio de la distribución de costes y beneficios en la cadena de valor de los productos agroalimentarias. Para ello, se regula por primera vez en Castilla y León la figura de “mercado de productos agrarios en origen” (lonjas) y se impulsa la inclusión de cláusulas en los contratos agrarios que permitan la resolución de las controversias que pudieran originarse en el cumplimiento de tales contratos, mediante fórmulas alternativas como el arbitraje o la mediación.
Defensor de la cadena alimentaria
El proyecto de Ley contempla esta figura como un instrumento para controlar y denunciar las posibles prácticas abusivas y la emisión de dictámenes sobre cualquier cuestión relativa a las relaciones contractuales entre productores y compradores, velando por el mantenimiento de un precio que cubra al menos los costes de producción. Esta figura velará por el equilibrio de la cadena alimentaria y podrá elevar a los órganos que corresponda las recomendaciones que estime oportunas relacionadas con las materias objeto de su competencia. Asimismo, se crea la Junta de Arbitraje como órgano de naturaleza arbitral competente para resolver todas las cuestiones litigiosas relacionadas con la aplicación de los mismos. Además la norma instaura las Organizaciones interprofesionales Agroalimentarias para sectores estratégicos para la Comunidad con el fin de lograr un equilibrio en la cadena de valor, de forma que los productores puedan obtener precios que les permitan cubrir sus costes de producción.
Cooperativismo
La Ley Agraria reconoce el movimiento cooperativo agrario como canal de participación de los productores agrarios en los procesos de producción y transformación y comercialización de sus productos con el objetivo de incrementar el nivel de renta en el medio rural. Además se establecen los principios básicos que deben regir el cooperativismo agrario en la Comunidad dirigidos a impulsar el dimensionamiento de las entidades asociativas y a favorecer la integración.
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