Las opas rechazan el modelo de representatividad agraria que pretende el Gobierno

 Las opas rechazan el modelo de representatividad agraria que pretende el Gobierno
Las opas rechazan el modelo de representatividad agraria que pretende el Gobierno
Las organizaciones profesionales agrarias rechazan el modelo de representatividad agraria que pretende el Gobierno. En líneas generales aseguran del mismo Aseguran “que se aleja de todo lo que puede del modelo de agricultura profesional” y consideran “que no se ofrecen las suficientes garantías democráticas al no basarse en la Ley General de Elecciones”. Añaden “que es lamentable que en el censo puedan entrar quienes no sean profesionales del sector, así como que no se facilite la participación en esta consulta popular a todos los pueblos y al no regularse convenientemente el voto por correo.
 
Así ve Asaja el proyecto de Ley de representatividad agraria
 
Asaja de Castilla y León ha cuestionado “tanto la oportunidad como el contenido” del proyecto de Ley de Representatividad de las organizaciones profesionales agrarias que ha recibido el Consejo de ministros de hoy viernes. La nueva norma, que el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha defendido desde el inicio de esta legislatura como una apuesta personal, “se aleja todo lo que puede del modelo de agricultura profesional, que es el que Asaja de Castilla y León defiende”. Otro error en el que se incide en el articulado del proyecto de Ley es en establecer un número mínimo de urnas por provincia, “dando escasas facilidades para votar a los que se supone que tienen que hacerlo, los agricultores y ganaderos, que residen en los numerosos núcleos de población que se reparten por nuestro extenso territorio”, subraya Asaja, que augura “una abstención muy importante si se mantienen estas condiciones en los comicios”.
 
Además, la normativa fraguada por el equipo de Arias Cañete “pasa deliberadamente por alto que en comunidades como Castilla y León ya se han celebrado desde 1997 cinco elecciones en el campo, la más reciente en diciembre de 2012”. Unos procesos electorales que han otorgado unos resultados claros y corroborados por todo el sector, por lo que Asaja pide que estos datos se extrapolen y se consideren válidos para medir la representatividad agraria en nuestra Comunidad Autónoma. “En tiempos como estos más que nunca han que apelar al sentido común y a la austeridad, y no parece razonable que el ministerio nos empuje a celebrar un proceso electoral que es caro y para el que no está prevista ninguna financiación pública, obligando a que se deteriore la economía de las organizaciones de agricultores y ganaderos”, indica Asaja.
 
Para la opa, la Ley de representatividad “da la impresión de que nace para rellenar una legislatura marcada por el cada vez más escaso presupuesto del ministerio de Agricultura, que le impide efectuar una política realmente activa e inversora en el campo. Entre lo que dispone Bruselas y la ejecución, en manos de las Comunidades Autónomas, el ministerio se ha ido quedando sin competencias y sin presupuesto, y ahora, con las arcas vacías, viene a ordenar un patio en el que poco manda”. Por último Asaja de Castilla y León confía en que en el trámite parlamentario haya “un vuelco total de un proyecto rechazado masivamente por el sector”. Y la organización pide expresamente el compromiso, defensa y apoyo de los representantes de la Comunidad Autónoma en el Congreso y el Senado.
 
Así ve UPA-COAG el proyecto de Ley de representatividad agraria
 
En relación al Anteproyecto de Ley por el que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias, la Alianza por la Unidad del Campo, UPA-COAG, manifiesta que afrontará cualquier proceso electoral sin ningún miedo, pues siempre ha apostado abiertamente por la representatividad a través de unas elecciones democráticas, limpias y transparentes, en las que puedan participar todos los agricultores y ganaderos profesionales en igualdad de condiciones.
 
Sin embargo, del contenido del Anteproyecto de Ley se deducen enormes carencias en cuanto a garantías democráticas, ya que el procedimiento que se fija para determinar la representatividad no se basa en un proceso electoral conforme a la Ley Electoral General –como es el que se desarrolla en Castilla y León-, sino en una consulta popular, que deja enormes lagunas en cuestiones esenciales como el censo o la ubicación de las mesas electorales, o la insuficiente regulación del voto por correo.  Por otra parte, no es de recibo que el Gobierno justifique esta propuesta legislativa en la necesidad de “legitimar” la representatividad actual de las organizaciones, cuando la misma está sustentada en la Ley 10/2009, de 20 de octubre, que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos de las Cortes Españolas hace cuatro años.
 
La Alianza considera lamentable que el ministro plantee una simple consulta popular pero con consecuencias propias de un proceso electoral, en materia de representatividad ante los organismos públicos o de gestión del patrimonio sindical agrario. En este sentido, resulta llamativo que la propuesta legislativa del ministro no haya sido previamente consultada con las comunidades autónomas, ni siquiera las de su propio partido. Con ello no hace sino acrecentar la sensación de que lo que realmente busca es enredar y tratar de obtener una “representatividad” más acorde a sus propias preferencias, de tipo personal o político, independientemente de la implantación real de las organizaciones entre los profesionales.
 
En una hipotética consulta tal cual está planteada en el Anteproyecto de Ley no tendrán los mismos derechos todos los agricultores y ganaderos, ya que no habrá mesas electorales en todos los pueblos. Al poner mesas sólo en determinados lugares, será más fácil acudir a votar a la mesa que se situaría cerca del Paseo de la Castellana que a los ganaderos que tienen su explotación en la sierra, por ejemplo, y que tendrán que recorrer en algunos casos más 200 kilómetros para votar. Además, no se regula convenientemente el voto por correo, cuestión especialmente llamativa por el evidente riesgo de que se cometa un fraude electoral, como ya ocurrió en las últimas elecciones a cámaras agrarias en Castilla y León.
 
Por otra parte, se abre la posibilidad a participar a cualquier persona que tenga un determinado nivel de ingresos agrarios, como rentas o subvenciones, aunque no sea profesional. Esto muestra a las claras la falta de apuesta por un modelo social agrario para nuestro país  que se fundamente en el empleo y la actividad real de las explotaciones.  En definitiva, UPA-COAG apuesta por un sistema auténticamente democrático de representación que recoja la voluntad libre de todos los profesionales del sector.

Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios

Destacados
Lo más leído