Las organizaciones agrarias con representación provincial, ASAJA y la Alianza COAG-UPA, llevan cinco años solicitando la modificación de las normativas urbanísticas provinciales en su faceta rústica a la Diputación de Salamanca. Estas afectan a todos los municipios de la provincia de Salamanca y carecen de normativa propia y abarcan la inmensa mayoría de la provincia.
A pesar de que existe una propuesta en firme de las modificaciones de las normas por parte de la Diputación y que, en reunión conjunta, con responsables de la Junta de Castilla, lo veían correcto y factible, lo cierto es que no se ha celebrado ninguna reunión desde hace más de un año; las normas aún no se han modificado y ni siquiera sabemos cuándo lo harán.
La normativa urbanística de la provincia de Salamanca data de los años 80 del siglo pasado. Aunque se han puesto parches, no se han paliado las deficiencias estructurales que ostentan y que impiden a agricultores y ganaderos poder construir instalaciones o explotaciones adecuadas a sus necesidades, que les permita vivir en el medio rural dedicándose a la actividad agraria, lo que supone el abandono de la actividad de los agricultores y ganaderos.
Tener unas normas tan antiguas y desfasadas siempre ha perjudicado a nuestros agricultores y ganadero, lo que causa un claro agravio comparativo con otras provincias limítrofes que, en muchos casos, ha motivado que los inversores no se hayan asentado en Salamanca.
"Nuestra reivindicación está cada vez más fundamentada. Las diversas normas que se han publicado hacen ya urgente su revisión y su actualización. Un ejemplo de ello es la publicación del Decreto 4/2018 de 22 de febrero, donde se establecen ciertas distancias de las explotaciones a los núcleos de población, que nada tienen que ver con lo que se contempla en la modificación del año 2010. Y lo que es más grave, en la actualidad, tras la publicación del R.D. 159/2023, que afecta sobre todo al sector porcino, obliga a incrementar un 30 % la superficie precisa de las explotaciones porcinas y, si como ocurre en muchos casos esto no es posible, porque las normas urbanísticas lo impiden, reducir ese 30 % la capacidad de las explotaciones supondrá el cierre de dicha explotación".
Las organizaciones agrarias han solicitado, por ello, una nueva reunión al presidente de la Diputación, Francisco Javier Iglesias, dado que fue él quien, personalmente y en la última reunión, se comprometió a “la justa y necesaria modificación de las normas”. Motivo por el que esperan que dicha petición sea rápidamente atendida y debidamente informada de cuándo estará aprobada la modificación propuesta.
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