El Procurador del Común (defensor del pueblo de Castilla yLeón) ha pedido aumentar la inspección y el control de los aspectosmedioambientales de las macrogranjas de ganado porcino.
Esta decisión viene tomada después de que recibieran variasquejas sobre los proyectos de instalación de explotaciones industriales deganado porcino de gran tamaño en varias localidades de la Comunidad.
De hecho, la Procuradoría tuvo conocimiento de la existenciade numerosas alegaciones y reclamaciones presentadas por ciudadanos yasociaciones, ante el impacto medioambiental que podría suponer laproliferación de estas actividades, lo que motivó que se iniciase una Actuaciónde oficio sobre esta materia, solicitando información a la Administraciónautonómica y a las Confederaciones Hidrográficas del Duero y del Ebro, comoorganismos de cuenca de referencia.
Tras analizar la documentación remitida, se acreditó que nosencontramos ante un sector pujante -España es la cuarta potencia productora(después de China, EEUU, y Alemania)-, y que se concentra fundamentalmente enlas Comunidades Autónomas de Cataluña, Aragón, Castilla y León, Murcia yAndalucía. Además, ha habido un incremento exponencial de las exportaciones (un42,6% en el período 2015-2019), principalmente a países fuera de la UniónEuropea, fundamentalmente a China (un aumento del 50% en 2018-2019) y Filipinas(un 12,4% en ese período), lo que seguramente haya determinado el aumento delnúmero de explotaciones de gran tamaño que requieren disponer de unaautorización ambiental integrada que debe otorgar la Administración autonómica.
Según los datos facilitados por el órgano medioambiental,existen actualmente 591 explotaciones de ganado porcino que requieren este tipode autorización por su capacidad, concentrándose las dos terceras partes deestas en las provincias de Segovia (20%), Soria y Valladolid (16?5% cada una),y Burgos (14?4%). En el período 2016-2018, se han aprobado 80 proyectos (un13?5% del número total -591- existente), de los cuales más de la mitad seencuentran en tres provincias: Salamanca (21), Soria (15) y Segovia (13), sinperjuicio de las modificaciones no sustanciales de autorizaciones ambientalesintegradas, y que permiten en la mayor parte de las ocasiones un incremento delnúmero de cabezas de ganado porcino autorizado.
Por lo tanto, el Procurador del Común estimó que eraaconsejable la adopción de medidas por los órganos competentes de laAdministración autonómica para minimizar el impacto de los purines y delestiércol que se generan. En consecuencia, se formuló una Resolución dirigida alas Consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y de Fomento yMedio Ambiente, en la que se recomienda la adopción de las siguientes medidaspara minimizar el impacto ambiental de estas actividades:
- Se debe fijar un calendario de inspecciones de lasinstalaciones que albergan las explotaciones porcinas sujetas a autorizaciónambiental integrada con el fin de comprobar que su funcionamiento se ajusta alas Mejores Técnicas Disponibles (MTD) de su sector, solicitando la colaboraciónde los técnicos de las Confederaciones Hidrográficas en lo relativo a vertidosal dominio público hidráulico de las cuencas de los ríos Duero y Ebro.
- En el caso de que en dicha inspección se compruebe queresulte posible reducir significativamente las emisiones sin imponer costesexcesivos, o que sea necesario implantar mejoras técnicas significativas, o quelo soliciten expresamente los organismos de cuenca, debería requerirse altitular de esta explotación para que actualice la autorización ambientalintegrada que disponga, implantando las Mejores Técnicas Disponibles del sectorporcino recogidas en el Anexo de la Decisión de Ejecución (UE) de la Comisión,de 15 de febrero de 2017.
- Es preciso que, al haber transcurrido ampliamente el plazoestablecido en el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, por el que se regulala protección contra la contaminación producida por los nitratos procedentes defuentes agrarias, la Administración autonómica apruebe a la mayor brevedadposible por la Administración autonómica tanto el Decreto de designación de laszonas vulnerables a esta contaminación y el Código de Buenas PrácticasAgrarias, como el Programa de actuación preciso para prevenir y reducir lacontaminación causada por los nitratos de origen agrario.
- Debe valorarse la aplicación de una moratoria para lainstalación de nuevas granjas de porcino o el incremento de la capacidad de lasya existentes, en aquellas zonas que se declaren vulnerables a la contaminaciónproducida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, salvo que seadopten medidas por los titulares de dichas explotaciones para minimizar elimpacto ambiental. De igual forma, se debería exigir la implementación deherramientas informáticas que permitan controlar el depósito de las deyeccionesganaderas en las tierras de cultivo agrícola, evitando duplicidades en lasdeclaraciones que presentan a la Administración autonómica los titulares de lasexplotaciones.
- Por último, en las zonas declaradas como vulnerables,debería aprobarse medidas específicas de apoyo para garantizar la implantaciónen ellas de plantas de generación eléctrica o de biogás con el fin de que puedallevarse a cabo un sistema alternativo del tratamiento que permita reducir lacarga contaminante de los purines y deyecciones procedentes de estasexplotaciones de ganado porcino.