Prudencia en las organizaciones agrarias ante el retraso de los nuevos planes estratégicos de la futura PAC

Miembros de ASAJA, UCCL y de COAG confían en que una nueva negociación no traiga consigo presupuestos a la baja

Agricultura ecológica
Agricultura ecológica

La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo solicitó en la sesión de este martes retrasar hasta el año 2022 el comienzo de los nuevos planes estratégicos nacionales que los Estados miembros deberán elaborar en el marco de la futura la Política Agrícola Común (PAC). Así, Europa persigue el objetivo de dar más tiempo a las capitales para adecuarse a las nuevas reglas. 

Estaba previsto que la nueva PAC entrara en vigor en 2021, extendiéndose hasta 2027. No obstante, la lentitud de las negociaciones entre los Estados miembros tendrá como consecuencia que se deban prorrogar las normas actuales, una situación que las formaciones agrarias han recibido con prudencia.

Juan Luis Delgado, responsable de ASAJA en Salamanca, apunta que “la experiencia dice que mantener los presupuestos es mejor”. Además, añade que “el retraso en la aplicación de los nuevos Planes Estratégicos es algo que se barajaba porque los plazos eran difíciles de cumplir teniendo en cuenta que hay por delante algunos procesos electorales”.

Por otro lado, el presidente de UCCL Salamanca, Herminio Pérez, confía en que “la puñalada no sea muy grande”. En este sentido, apuesta por el consenso: “Si van a hacer una PAC a la carrera, lo mejor es que no la hagan”.

Más contundente se muestra el coordinador de COAG en Castilla y León, que asevera que un retraso en las nuevas reglas de la PAC es perjudicial. Aurelio Pérez explica que la dinámica es difícil, con problemas como el Brexit o la inmigración, que va a obligar a la Unión Europea a destinar el dinero a otras cuestiones. “Una nueva negociación supondría abrir otra vez el melón, algo que siempre nos ha perjudicado porque el dinero se ha recortado”.

Finalmente, Pérez es contrario a aplicar Planes Estratégicos para cada país, apostando por una aplicación colectiva que impida las desigualdades. “No puede haber diferencias entre un agricultor de un país que cofinancie las ayudas europeas y entre otro agricultor de un país que no lo haga”, sentencia. 

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