El Real Decreto persigue conseguir la máxima eficacia en la gestión del patrimonio del FEGA; facilitar el acceso general a la utilización de dichas unidades de almacenamiento, pertenecientes a la red básica de almacenamiento público, actualmente propiedad del FEGA; contribuir a la creación de empleo y la reactivación de la economía en aquellos lugares donde se ubican; eliminar el elevado coste de mantenimiento que tales instalaciones tienen para este organismo, así como modificar el inicio y la instrucción de los procedimientos de determinación y repercusión de las responsabilidades financieras por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea en el ámbito de los fondos europeos agrícolas.
Abandono casi total de los silos
La situación de los silos es de casi total abandono por carencia de uso. La propiedad de la Red es del FEGA, que cede su uso a las Comunidades Autónomas para la gestión de las compras y almacenamiento de cereales, actuaciones que, a día de hoy, son prácticamente inexistentes. El FEGA asume el pago de los Impuestos de Bienes Inmuebles y las Comunidades Autónomas los gastos corrientes, cuando los hubiera. Actualmente, resulta de todo tipo imposible el acometer los gastos de reparación de daños por robos, incendios, vandalismo, ocupaciones, etcétera.
El mantenimiento de una red de almacenamiento representa un coste elevado difícil de justificar cuando no existe una previsión clara de utilización de los almacenes y cuando la falta de uso de los mismos acelera el deterioro de las instalaciones. Mediante la enajenación de los mismos, la modificación normativa pretende facilitar el acceso general a la utilización de dichas unidades de almacenamiento. De esta forma, se eliminaría el elevado coste de mantenimiento que tienen para este organismo y se facilitaría su utilización para otros fines que posibiliten la creación de empleo y la reactivación de la economía en aquellos lugares donde se ubican.
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