El incremento de las tarifas eléctricas tras la entrada en vigor el 3 de agosto de la nueva regulación impuesta por el Gobierno central ha enfadado a los regantes, que en las últimas semanas han recibido las primeras facturas con un aumento que, reflejado en coste económico, se situará entre el 14 por ciento que calculan algunos agricultores, dependiendo de los precios que tuvieran en sus antiguos contratos, y el 20 por ciento que estima la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Esta subida del coste es consecuencia de un encarecimiento de las tarifas en concepto de término de potencia o mínimos, que puede llegar a ser de hasta un 125 por ciento, también según lo contratado por cada uno, para un sector que consideran ya maltratado con precios bajos en origen y altos costes de producción, al que se suma ahora la energía eléctrica.

Así, si un pozo de media-alta tensión con una potencia contratada de 50 kilovatios pagaba 2.249 euros al año como parte fija de la factura con la anterior regulación -en concepto de término de potencia o mínimo-, desde el 3 de agosto abonará 5.060 euros. Este incremento no se ve compensado con la disminución del precio del kilovatio consumido, que se sitúa aproximadamente en un intervalo del 15 y 20 por ciento.

En el caso de los contratos de baja tensión, una modalidad que representa a la gran mayoría y que utilizan los regantes y muchas explotaciones ganaderas, las perspectivas son aún peores, ya que los incrementos de los mínimos para este tipo de instalaciones superan el 140 por ciento.

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